El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llíria ha anunciado una serie de medidas que pretenden reducir los gastos del consistorio. Las medidas afectan al sueldo del alcalde, los concejales, las indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados y las asignaciones a grupos municipales.
José García
El primer edil y los concejales de Llíria, liberados con dedicación exclusiva y parcial, van a reducir sus sueldos en un 6%. Según explica el alcalde edetano, Manuel Izquierdo, “en tiempos de crisis, debemos ser los primeros en apretarnos el cinturón”.
El alcalde de Llíria ha explicado que los sueldos de los concejales y las retribuciones por asistencia a órganos colegiados “están congeladas desde hace dos años” y ha añadido que “gracias a la buena gestión económica que estamos realizando hemos conseguido reducir en los últimos ejercicios la deuda municipal”.
Las medidas propuestas por el equipo del gobierno se empezarán a aplicar con carácter retroactivo en el mismo mes de junio y, según fuentes del consistorio, “van a suponer un ahorro para las arcas municipales de alrededor de 7.000 euros en 2010 y de 15.000 euros en 2011”.
‘Iniciativa’ pide medidas complementarias
El portavoz de ‘Iniciativa’ en la comarca, Paco García, ha manifestado que desde su partido “se ve con preocupación cómo los ayuntamientos de la Comarca del Camp de Túria, gobernados mayoritariamente por el PP, no han establecido un plan de ahorro y de ajuste presupuestario en eventos y actividades lúdico-festivas que supongan minimizar los gastos innecesarios y dedicar estos recursos a actividades más productivas”.
Según Paco García, “es preocupante que existan 13.000 parados en el Camp de Túria, mientras que los alcaldes del PP despilfarran millones de euros en festejos, protocolo, propaganda, publicidad, coches oficiales, comidas y eventos innecesarios en una época de crisis económica, donde los ingresos han flaqueado y la deuda es creciente”.
Además, el portavoz ecosocialista ha criticado que en el Ayuntamiento de Llíria la rebaja de los sueldos de los cargos públicos haya sido “de un 6% y no del 8%, como se propuso en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias”.