Las monjas han cedido el uso del convento clausurado
El nuevo centro de acogida de menores de Serra que ha habilitado la Conselleria de Igualdad y el Arzobispado en un antiguo convento de monjas estará en funcionamiento al menos durante un año.
Ese es el periodo “prorrogable” por el que las propietarias de la casa de espiritualidad han firmado la cesión de uso de las instalaciones a la conselleria para un centro que, según sus responsables, “nace con vocación de provisionalidad” hasta que concluyan las obras de un nuevo centro de acogida en Torrente.
En este momento, el convento clausurado alberga a 40 menores extranjeros no acompañados tutelados por la Generalitat y que no están escolarizados y siguen un programa de alfabetización, según explicaron a los vecinos de Serra la secretaria general de Infancia, Rosa Molero, el delegado episcopal de Migraciones, Olbier Antonio Hernández, y el representante de la empresa Diagrama que gestiona el centro.
Todos ellos acompañados por la alcaldesa socialista de Serra, Alicia Tusón, y el jefe de la Policía Local participaron en la reunión informativa celebrada el pasado 3 de octubre en la Casa de la Cultura de la localidad para ofrecer explicaciones sobre la apertura del centro de acogida.
Tal y como publicó InfoTúria, a finales de septiembre fueron trasladados a Serra este grupo de menores procedentes de un camping de Teruel y ocuparon uno de los pabellones del inmueble de la congregación de Mantellate que estaba cerrado.
Los responsable de centro de menores explicaron que en este momento hay 40 menores y 90 trabajadores, una cifra que fue cuestionada por los vecinos de la urbanización donde está enclavado el centro.
Otra de las cuestiones que expusieron los asistentes fue si el centro cuenta con los permisos del Ayuntamiento. En ese sentido, la alcaldesa manifestó que está funcionando con una licencia provisional por declaración responsable mientras se tramita la licencia definitiva.
El nuevo centro de acogida se ha puesto en marcha de esta manera, según sus responsables para atender una “situación de emergencia”, ante las críticas vecinales por lo que consideran se ha hecho “ocultándolo al pueblo”.