PSPV, Compromís, PP, Ciudadanos y La Vall sacan adelante la moción
La Diputació de València ha aprobado hoy en el pleno de noviembre por mayoría una moción sobre el 25N para reforzar la lucha contra la violencia machista, una iniciativa que ha contado con el apoyo del PSPV, Compromís, PP, Ciudadanos y La Vall ens Unix, y el rechazo de Vox.
La moción aprobada reclama más medidas de prevención, sensibilización e intervención para erradicar la violencia machista, reforzar el trabajo conjunto de las instituciones a través de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género impulsada por la Diputación, y facilitar desde la corporación todo tipo de campañas de orientación y concienciación en medios públicos, entre otras medidas.
Durante el pleno el diputado de Vox, Joaquín Alés, ha cuestionado la “asimetría penal” de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que en su opinión “criminaliza al varón y se ha mostrado insuficiente a lo largo de estos 15 años para acabar con este problema”.
La portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, ha respondido señalando que “negar la realidad de esta lacra social es una irresponsabilidad”.
“Quieren llevarnos a las cavernas mezclando todo tipo de violencia, cuando la de género es un tipo de violencia con su definición y consecuencias. Mienten y banalizan sobre un grave problema social que cuesta vidas”, ha manifestado la responsable de Igualdad, Isabel García.
Por su parte, el portavoz del PP, Juan Ramón Adsuara, ha invitado a reflexionar sobre la conveniencia de abrir por primera vez un debate sobre la violencia de género, un asunto sobre el que “siempre ha habido consenso”, y la portavoz del PSPV, Pilar Sarrión, ha destacado que “esta moción del 25N es de todas y todos”.
El presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, recordó a María Dolores, de 39 años, y Samira, de 41, ambas asesinadas por sus parejas desde el pasado 22 de octubre. Con ellas son 1.027 las víctimas de la violencia de género en España desde 2003.
Por otra parte, el pleno también ha recogido la intención del equipo de gobierno de seguir mejorando la fiscalización de los contratos menores incrementando, a su vez, la eficiencia en la gestión, según ha señalado el presidente: “Todos somos miembros de entes locales y sabemos que esta es la forma más habitual de contratación y amparada por la ley”.