La plaza fue creada meses antes de las elecciones de 2011 junto a una subida salarial ilegal
La sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado la anulación de la plaza de intendente principal de la policía local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, creada en el año 2011 meses antes de las elecciones. El tribunal admite así el recurso de apelación interpuesto por el consistorio contra una sentencia anterior en la que estimaban el recurso del empleado que ganó la citada plaza.
Los hechos que originaron este fallo judicial arrancan en febrero del año electoral cuando el Ayuntamiento, gobernado entonces por el exalcalde del PP, Francisco Tarazona, creó además de la plaza de intendente otras cinco plazas y decretó una subida salarial media del 3’2%, muy superior al 0’3% que fijaba el índice de precios al consumo (IPC) para todos los trabajadores.
El Abogado del Estado recurrió la creación de las seis plazas de funcionarios, así como el presupuesto y la relación de puestos de trabajo (RPT) que creó el entonces gobierno de popular al entender que todas estas decisiones no estaban justificadas y contravenían algunas de las disposiciones contempladas por el gobierno central en materia presupuestaria y laboral.
Sin embargo, el aspirante que ganó la plaza empezó a ocuparla en el año 2012 hasta que en enero de 2015 solicitó una comisión de servicios que se prolongó hasta enero de 2016. El equipo de gobierno de entonces, formado por PSPV, Compromís y Esquerra Unida, se opuso al entender que el Tribunal Supremo anulaba en una sentencia las plazas, así como la subida salarial.
La sentencia del 29 de febrero de 2016 concluía que la amortización de la plaza de intendente principal en Riba-roja de Túria “cumple el fallo que tuvo lugar referido a dicha plaza” y subraya que “carece de soporte jurídico que el interesado disfrute de una plaza y ocupe un puesto de trabajo inexistentes con arreglo a derecho y que ya se habían amortizado”.
No obstante, en 2017 el mismo TSJCV estimó el recurso interpuesto por el interesado contra la presunta denegación de admitirlo en su puesto por parte del ayuntamiento y reconoció su derecho al reingreso y a las percepciones correspondientes “desde la fecha de la solicitud”. Sin embargo, ahora el mismo Tribunal vuelve a ratificar la posición del consistorio y rechaza las peticiones del demandante a quien concede la posibilidad de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado la satisfacción “del equipo de gobierno que viene a ratificar la postura mantenida desde un primer momento ya que en el año 2011 el Partido Popular no realizó una buena gestión en materia de presupuestos y personal como así lo han avalado los tribunales ya que se incumplía el principio de legalidad que un gobernante debe aplicar siempre”.