Desde el partido socialista de Llíria se critica, una vez más, la gestión económica del equipo de gobierno que lidera el popular Manuel Izquierdo; en esta ocasión, se lamenta la permisividad de los gobernantes edetanos a la hora de reclamar las deudas que ha contraído la Generalitat Valenciana respecto al cap i casal del Camp de Túria.
José García
Según José Luis Pérez, concejal socialista en el Ayuntamiento de Llíria, “si el alcalde de Llíria se encargara de cobrar la deuda que la Generalitat Valenciana tiene con nuestra ciudad, no haría falta endeudarnos con el crédito solicitado con el gobierno de España para hacer frente a los impagos que mantiene actualmente el Ayuntamiento”.
El responsable socialista asegura que “el alcalde ha claudicado ante las exigencias del gobierno central asumiendo un nuevo préstamo, al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Llíria se ve incapaz de defender los intereses propios ante el president Fabra, quien nos debe mucho dinero a los vecinos de Llíria; de hecho, si no los devolviese, no haría falta acogerse al plan de pagos a los proveedores”.
Pérez critica que en el Ayuntamiento de Llíria haya aprobado un nuevo crédito de más de 2.000.000 euros para hacer frente al pago de los proveedores, “así como los desequilibrios presupuestarios de los ejercicios de 2010 y 2011 de cerca de 4.000.000 de euros”, porque todo ello va a suponer “un recorte significativo de los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento de Llíria”.
El concejal socialista lamenta la aprobación de dicho préstamo, entre el gobierno edetano y el de España, porque considera que no cumple “con las mínimas garantías de seguridad jurídica”. Según Pérez “se ha aprobado sin tener claros los términos del mismo: no se sabe cuál va a ser el tipo de interés, ni las entidades financieras, ni los costes de apertura o de cancelación”.
“En la agrupación socialista lliriana nos tememos que la aprobación de este crédito va a convertirse un claro ataque para el bienestar de todos los vecinos y vecinas de Llíria, ya que va a suponer un nuevo recorte del gobierno en materia sanitaria, educativa y social”, añade este concejal.
Considera este edil que “existen otras alternativas para pagar en tiempo y forma a los proveedores, sin tener que asumir un coste añadido de más de 700.000 euros, sin tener que presentar un plan de ajuste que va a hipotecar tanto la tesorería municipal como los presupuestos locales de los próximos 10 años”.