Al apreciar riesgo de destrucción de pruebas
El exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Rafael Rubio (PSOE) y el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) han ingresado en prisión incondicional junto a tres empresarios por orden de la jueza que investiga el caso Azud, una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia.
Los empresarios encarcelados son Joaquín P.R., Jaime F.R. y Mónica M.G., según ha informado esta madrugada en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCM).
Tras la declaración judicial a lo largo de ayer los 13 detenidos esta semana por la Guardia Civil en el caso Azud, la jueza encargada de la investigación decidió a última hora la prisión provisional, comunicada y sin fianza de cinco de ellos “al apreciar riesgo de destrucción de pruebas”, según las mismas fuentes.
Los otros ocho detenidos que comparecieron ante la jueza de Instrucción número 13 de Valencia quedaron en libertad provisional con medidas cautelares como la retirada de pasaportes, prohibición de salida de territorio nacional y comparecencias semanales en sede judicial, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Uno de ellos es José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, una empresa pública de la Diputación de Valencia.
Los 13 acusados fueron detenidos en la segunda fase de esta operación, desarrollada entre el jueves y el viernes, y en la que se han llevado a cabo 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.
El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia.
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín.
En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales.
El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, “sin perjuicio de ulterior de calificación”, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Uno de los detenidos esta semana que ha ingresado en prisión, Rafael Rubio, era subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hasta su arresto el pasado jueves, momento en el que fue cesado por la delegada del Gobierno, Gloria Calero.
Rubio, que fue concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia el pasado mes de julio, por lo que ha estado en el cargo poco más de diez meses.
El consejo de administración de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se reunirá el próximo lunes por la tarde para analizar la situación de su responsable jurídico, José Luis Vera, que fue detenido este jueves y ahora se encuentra en libertad con medidas cautelares.