El consistorio de Riba-roja deTúria ha creado una comisión para estudiar si recupera la gestión directa del servicio
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una prórroga del contrato con la empresa que se encarga de la limpieza viaria desde el año 2003 a la espera del informe de la comisión de trabajo que estudiará si el consistorio recupera la gestión directo o, por el contrario, estas tareas se realizan de forma indirecta a través de una concesión en una empresa.
El acuerdo plenario tendrá efectos hasta agosto de 2019 después de que un informe municipal alertase de la necesidad de prorrogar el contrato ya que el anterior gobierno del PP no efectuó la denuncia del convenio entre ambas partes en febrero de 2015, fecha límite para rescindir o prorrogar la relación contractual.
La prórroga salió adelante con los votos del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y EU- y Riba-roja Pot, la abstención del PP y Ciudadanos.
La prórroga del contrato de la limpieza viaria se prolonga hasta el verano del año 2019 mientras la comisión de trabajo -formada por representantes de todos los partidos políticos y personal técnico- formula una decisión sobre la posibilidad de recuperar la gestión directa de este servicio público.
La actual prórroga tiene como objetivo dotar de una “garantía jurídica” la relación entre el ayuntamiento y la empresa ya que en febrero de 2015 el ayuntamiento ni rescindió la relación ni efectuó una prórroga expresa, tal y como obliga la jurisprudencia actual.
Uno de los puntos de fricción entre ambas partes a la hora de decidir la rescisión o la prórroga ha consistido en los gastos de liquidación que acarrearía el fin de la relación entre ambas partes. La empresa reclamaba el pago de 156.000 euros por parte del Ayuntamiento correspondiente al incremento del IPC y la amortización de la compra de nueva maquinaria destinada a los polígonos industriales.
Esta deuda quedaría saldada, según el acuerdo entre el PP y la concesionaria, a lo largo de los dos periodos prorrogables previstos, de forma que en el año 2011 el débito se reduciría a la mitad mientras que el resto se aportaría en el año 2015. El gobierno local de Riba-roja de Túria recuerda que este débito ha quedado descubierto a la vista del análisis del expediente de contratación del servicio público.
El equipo de gobierno ha desvelado que el anterior ejecutivo del PP consintió a la empresa que no cumpliese con su obligación de dedicar un 3% del coste económico del servicio, cifrado en 9.400 euros anuales, a campañas de concienciación ciudadana. El montante global que a día de hoy se debería invertir en este tipo de campañas asciende a 113.000 euros.
