Iniciativa pide el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la obras del nuevo palacio de justicia de Llíria

Iniciativa alerta que el plazo para finalizar las obras del nuevo Palacio de Justicia en Llíria va llegando a su final, la ejecución de las obras no escapa alas variaciones derivadas del marco financiero y de la coyuntura económica autonómica.

José García

El 19 de enero de 2006 se aprobó por parte del ayuntamiento de Llíria la cesión de la parcela municipal a la Generalidad para la construcción del nuevo Palacio de Justicia. Una cesión que tiene fecha de caducidad, enero de 2011.

Según el portavoz de Iniciativa y concejal a Llíria, Paco García, “el ayuntamiento cedía una parcela de 2050 m2 a Justicia con el compromiso que en un plazo no superior a 5 años debería procederse a construir esta instalación tan necesaria para el desarrollo de las funciones judiciales en el Partido Judicial. Unos plazos que empiezan a peligrar”.

Cuando quedan 7 meses para que en enero de 2011 finalice y caduque su vigencia, la Consejería de Justicia no te claros cuáles van a ser los plazos para poder llevar adelante las obras y licitar este proyecto que ha sido redactado por los equipos técnicos de la propia Consejería siguiendo el programa funcional de necesidades y que debe dar cobertura a este partido judicial.

De hecho, este proyecto ha estado derivado al Plan de Innovación de Sedes Judiciales desde el 2008 mediante el sistema de pagos aplazados, la cual tiene una previsión no superior a los diez años en el plazo real de ejecución de la obra correspondiente, el doble del tiempo de la cesión autorizada por el consistorio edetano.

Este tipo de obras, que tienen un pago aplazado, requieren de una autorización singular del Consell, con un informe favorable de la Consejería de Economía, Hacienda y empleo, autorización que en el caso del nuevo palacio de Justicia de Llíria no se ha tramitado y se tienen serias dudas de que se pueda tramitar en un corto plazo de tiempo dada la situación económica y financiera por la que traviesa la Generalidad y que arrastra uno de los mayores deudas de todas las autonomías españolas.

Para García, la situación de los juzgados de Llíria es insostenible. “Tenemos un juzgado de alquiler en una planta baja, a los funcionarios y al cuerpo judicial amontonados en oficinas y despachos llenos de papeles, usuarios y maquinaría; y por si no fuera poco, con unas carencias en suministros de material que han estado a punto de dejar sin folios y parado el funcionamiento diario de la justicia en este partido judicial que abarca las comarcas del Camp de Túria y Los Serranos”.

Desde Iniciativa se reclama al Consell mayor seriedad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el ayuntamiento de Llíria, los cuales están a punto de caducar en pocos meses y derivarían en la suspensión del acuerdo de cesión por demora en la construcción.