El pleno de Riba-roja de Túria aprueba la elaboración de un nuevo reglamento
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la elaboración de un reglamento municipal que permitirá sustituir las sanciones y las multas impuestas a los ciudadanos en la vía administrativa por trabajos sociales en beneficio de la comunidad con carácter educativo.
Entre las sanciones que se permitirá permutar por trabajos sociales cabe destacar aquellas relacionadas con los comportamientos incívicos, como hacer botellón, orinar en la calle, pintar las paredes, desperfectos en el mobiliario urbano público o provocar alteraciones leves del orden público, en ningún caso dinerarias.
La propuesta auspiciada por Ciudadanos salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno -PSPV, Compromís y EU- y el PP mientras que Riba-roja Pot votó en contra.
El futuro reglamento regulará únicamente aquellas situaciones en las que los infractores hayan cometido algún tipo de infracción administrativo en el ámbito de Riba-roja y descartará aquellas relacionadas con algún tipo de sanción o multa tributaria o infracciones de índole urbanística. Por tanto, sólo se permutarán con las sanciones administrativas en el caso de que el infractor ofrezca su consentimiento, que en algunas situaciones podrá participar en talleres, programas informáticos o de reeducación.
El Ayuntamiento de Riba-roja incorpora, de esta forma, la posibilidad de sustituir las penas y medidas de reforma por actividades educativas y trabajos en beneficio de la comunidad a través de la regulación prevista por el código penal y la ley orgánica de responsabilidad penal del menor, uno de los segmentos de edad hacia los que está dirigida, principalmente, la futura reglamentación. Un informe jurídico previo de la Dirección General de Administración Local dictaminará sobre la viabilidad técnica y legal.
El reglamento pretende fomentar la reeducación de los infractores a través de actividades sociales en beneficio de la comunidad local, entre las que se pueden destacar algunas como limpiar colegios, acompañar a personas mayores, reparar desperfectos del mobiliario o contribuir en actividades sociales, entre otras muchas, según la tipología y la gravedad de los hechos originarios de las sanciones administrativas.
El texto aprobado por el pleno destaca algunas ventajas derivadas de este tipo de novedades como la “virtualidad educativa y pedagógica, favorable a reeducación y reinserción social de la persona infractora, la participación voluntaria para conseguir mejores resultados, aproximar al infractor a las consecuencias derivadas de sus actos que han motivado la sanción administrativa, permiten a la persona infractora a realizar conductas positivas que reducen el daño causado, facilita el aprendizaje de pautas de asertividad y empatía, reduce la reincidencia en la infracción y, por último, se produce un resarcimiento comunitario”.
En el caso de los menores infractores, el reglamento subraya que de esta forma “deben comprender que la colectividad ha sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta y que entiendan y asimilen que actuaron de manera incorrecta, que merece el reproche de la sociedad y que la prestación que se les exige es un acto de reparación justo” al buscar siempre una conexión directa entre el hecho cometido y la actividad a realizar.
El equipo de gobierno de Riba-roja considera que la moción de Ciudadanos “será muy positiva ya que de esta forma los jóvenes que en muchas ocasiones cometen infracciones administrativas serán más conscientes de los hechos que cometen al responsabilizarse directamente de los hechos cometidos ya que actualmente son sus padres los que asumen el pago económico de las infracciones y eluden cualquier tipo de culpabilidad”.