En el actual contexto económico y social, en el que la crisis generalizada está haciendo mella en la economía doméstica, dos casos resultan paradigmáticos del sufrimiento que están padeciendo muchas familias beterenses: son las familias de Sergio Sánchez Bensusan y Sonia Moncho Esteve, que suman a los habituales problemas para llegar a final de mes que se dan en la mayoría de los hogares dos historias escalofriantes que ya han despertado la faceta solidaria de sus vecinos.
José García
En los dos casos, estas familias recibieron donaciones de sus vecinos y estuvieron en unos stands en los que vendieron todo tipo de objetos, para poder recaudar fondos que les sirvan para salir adelante en los difíciles momentos que están teniendo que afrontar.
Sonia Moncho Esteve
Los padres de Sonia reclaman justicia. Su hija, de 7años, nació con 16 malformaciones que han condenado a su hija a vivir con un grado de minusvalía del 85%: es decir, en un total estado de dependencia. Dos sentencias desfavorables recibidas en los tribunales hacen que, al dolor de tener que criar a una hija en una situación de extrema delicadeza, se les añada la obligación de pagar 65.000 euros correspondientes a las costas de los juicios celebrados.
La madre de Sonia, Carmina, explica que sus reclamaciones no son infundadas: “Nosotros no comenzamos a reclamar nada hasta que, más de un año después del nacimiento de Sonia, constatamos que las malformaciones de nuestra hija eran perfectamente identificables durante el proceso de gestación. Fueron todos los pediatras y especialistas que visitábamos, en visitas rutinarias o en actuaciones concretas a partir de las dolencias detectadas, quienes nos decían que era imposible que no se hubiera detectado antes de nacer todas esas malformaciones”.
Sobre este punto es muy clara Carmina: “Una vez nació Sonia, la ginecóloga que se había encargado de hacerme el seguimiento durante el embarazo me dijo que mi hija padecía una enfermedad que no se había diagnosticado nunca en España: ‘síndrome orofaciodigital en su tipo I’. Yo soy consciente de que ese diagnóstico no podía efectuarse antes del nacimiento; pero lo que yo reclamo es que es imposible que esa ginecóloga fuera incapaz de detectar ninguna de las malformaciones que padece mi hija. Hubo una negligencia médica y debe admitirse”.
Carmina explica que la pediatra en cuestión está ejerciendo un tipo de pruebas durante el embarazo para las que no está cualificada: “Existen cuatro grados de especialización y esta mujer tiene los tres primeros, pero no el cuarto, necesario para poder efectuar la prueba dismorfológica. Y nosotros hemos constatado que esa preparación que es necesaria no la posee esa ginecóloga”.
La pregunta pertinente en este caso es: ¿cómo es posible que la justicia les haya denegado la razón? Según Carmina, se debe al corporativismo que existe en el ámbito sanitario: “Nosotros acudimos a un abogado muy preparado y presentamos diversas pruebas; la otra parte contó con 2 abogados y con el apoyo de varios peritos de mucho prestigio. Ella podía permitirse ese dispendio económico y nosotros teníamos menos fuerza en ese ámbito. Pero la razón está de nuestro lado”.
Las esperanzas de esta familia pasan por recaudar 7.000 euros que les permitan continuar con su batalla judicial, en busca de justicia: “Vamos a apelar al Tribunal Supremo. No tenemos constancia de otro caso como el de mi hija en España y los médicos no creían que pudiera vivir tanto. Además de sus malformaciones, tiene esclerosis y epilepsia. Y poliquistosis renal. Pero ella es una luchadora y si ella no se rinde, nosotros tampoco. Vamos a pelear por darle la calidad de vida que se merece y que, con nuestros actuales recursos, no podemos darle”.
Carmina explica que no sólo está luchando por su hija; lo hace por otras personas que pueden verse en su estado: “Este caso puede crear un precedente gravísimo. Si Sonia no se ve respaldada por una sentencia favorable, se creará una situación que permitirá que otros casos aprovechen esta ‘rendija judicial’ para evitar que quienes cometieron una negligencia médica sean condenados”.
Carmina agradece las muestras de apoyo que ha recibido de los vecinos de Bétera, así como las ayudas que recibe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la localidad: “Para la gente que nos está apoyando, para los vecinos de Bétera, no tengo más que palabras de agradecimiento. Su solidaridad, sus ganas de ayudar, me han emocionado en más de una ocasión. Agradezco mucho su cercanía hacia nosotros, su apoyo a nuestra causa. Espero que haya más gente que pueda ayudarnos, del modo que sea, porque eso contribuirá a acercarnos hacia una sentencia que haga justicia con Sonia”.
Las personas que deseen colaborar con esta causa pueden hacerlo a través de los números de cuenta corriente siguientes: La Caixa 2100-2713-63-0100341058; para extranjeros IBAN ES-85 2100-2713-63-0100341058. También pueden visitar la página www.facebook.com/justiciaparasonia en donde encontrarán fotos y datos sobre la situación en que se encuentra la pequeña Sonia.
Sergio Sánchez Bensuan
La situación de la familia de Sergio también es dramática. Ni sus padres ni sus dos hermanos cuentan con un trabajo que les permita sustentar a los cinco miembros de la familia. Viven con una paga de poco más de 400 euros y no pueden costear elementos básicos para mejorar la calidad de vida de este pequeño vecino de Bétera, que hoy cumple 5 años.
Los problemas de Sergio se produjeron durante el nacimiento. No se le diagnosticó ningún problema durante el embarazo y todo apuntaba a que sería un niño como cualquier otro, sin que ningún problema pudiera afectar a su salud. Sin embargo, hubo complicaciones en el parto y eso acabó afectándole de por vida.
“Mi hijo nació con el cordón umbilical enrollado sobre su cuello, lo que le privó de oxigeno. Fue reanimado, 15 minutos después de nacer, pero ya le había afectado. Sufrió graves lesiones cerebrales y quedó en un estado vegetativo que le impide moverse, hablar o comer nada más que bebidas. Es inteligente, lo entiende todo, pero no puede comunicarse. Nosotros no podemos entenderle y es terrible ser incapaz de saber qué nos pide”, nos explica su madre, Inma.
El parto tuvo lugar en el Hospital 9 de Octubre. Inma tenía un seguro privado que le cubría la atención sanitaria de los especialistas; el hospital cedía las instalaciones del paritorio. “Nadie detectó las complicaciones del parto. Hubo nueve mujeres a la vez y nadie consideró oportuno practicarme una cesárea. Yo veía el monitor en el que se escuchaban los latidos de mi hijo… pero había momentos que no se escuchaba nada. Alerté al personal médico, pero me decían que no era nada… que la máquina se paraba a veces… pero yo estoy segura de que era mi hijo que, al ahogarse con el cordón umbilical, sufrió una parada cardíaca”.
Inma se encuentra desolada: “Mi hijo no se mueve y requiere de sesiones de fisioterapia, para no tener problemas musculares. Cada sesión cuesta 40 euros. Recientemente tuvo que ser intervenido, para mejorar el estado de 15 músculos… y eso supuso otros 4.000 euros, en una clínica en Madrid. Requiere de un andador especial, que cuesta 7.000 euros. Existen medios de comunicación alternativos, que le permitirían comunicarse con nosotros, y que cuestan 10.000 euros. Es desesperante ver que todo lo que necesitamos cuesta tanto dinero y saber que carecemos de los recursos para poder ofrecérselo”.
“Necesitamos cualquier tipo de ayuda. Cualquier aportación es bien recibida. Yo vendía juguetes en la feria de Massamagrell, los sábados, y en la de Canet d’en Berenguer, los domingos. Ahora nos hemos quedado sin coche. Recogemos tapones de botella. Nuestra situación es muy grave, porque somos cinco miembros en nuestra familia y ninguno trabaja. Si alguno pudiera hacerlo, tendríamos alguna esperanza de ir saliendo hacia adelante”, confiesa Inma.
Su caso está en tribunales… pero la justicia es tan lenta (y cara) que es capaz de desesperar a cualquiera: “Vamos a ir a tribunales, porque hubo una negligencia médica evidente. Pero cada paso que damos supone un dispendio económico al que a duras penas podemos hacer frente. Ahora se nos piden 360 euros para pagar a los procuradores. Ya nos hemos gastado 8.000 euros en abogados y aún falta para llegar a una sentencia que reconozca el grave perjuicio que se ha creado a nuestra familia”, nos dice Inma.
Las personas que deseen colaborar con esta causa pueden hacerlo a través del número de cuenta corriente siguiente: La Caixa 2100-2713-63-0100465500. También existe una página web, www.facebook.com/sergiosanchezbensusan, en el que pueden conocerse algunos datos referidos al pequeño Sergio.
