La formación opositora EUPV presentó, el pasado día 10 de mayo, una propuesta en la que solicita a los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Bétera en la que se pide que se pronuncie respecto a una serie de propuestas presentadas para actuar en contra de los desahucios en Bétera.
José García
Consideran los representantes de EUPV que, en el actual contexto socio-económico, “las Administraciones no pueden permanecer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda”.
“Se está destruyendo un gran número de empleos, especialmente tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, quedando en una situación aún más dramática la Comunidad Valenciana. Ahora son muchas las familias que no pueden cumplir con las obligaciones derivadas del pago de los créditos hipotecarios, quedando ahora expuestos a perder no sólo sus empleos sino también sus hogares”, explica el portavoz de Esquerra unida en Bétera, Luis Poveda.
Considera EUPV que, desde los ayuntamientos y comunidades autónomas, se deben poner en funcionamiento programas en defensa de la vivienda, para el asesoramiento, la intermediación y protección de las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente.
“Los ayuntamientos pueden incidir en atenuar la preocupante situación de desamparo en las que se encuentran miles de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas inasumibles en tiempo de crisis, con seis millones de parados y casi dos millones de hogares que no tienen ingreso alguno”, señalan los representantes de esta formación política.
En su propuesta, EUPV solicita al consistorio que modifique la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, añadiendo que “en las transmisiones realizadas por los deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago, recaiga sobre la entidad que adquiera el inmueble la satisfacción de las obligaciones tributarias pendientes”.
También se le reclama al consistorio que invierta recursos humanos y medios materiales para atender las necesidades básicas de las familias desahuciadas; que “no se ponga ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio”; que Oficina Municipal de Información al Consumidor ofrezca asesoramiento a los ciudadanos que lo requieran; y que cree una bolsa de vivienda protegida pública y otra privada para alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión social.