El equipo de gobierno de Bétera (PP, UPIB y Mas Camarena) aprobó ayer su presupuesto para el 2014. Los partidos de la oposición beterense (PSOE, Coalició Compromís y CUBe) votaron en contra. Las cuentas públicas prevén un superávit de 660.000 euros, destacando la nueva concesión del servicio de basura (con un contrato que tiene una duración de 8 años y supondrá un ahorro de 150.000 euros).
José García
Los dirigentes políticos de Bétera han sacado adelante las cuentas públicas de Bétera del presente año, pese a no contar con el respaldo de los partidos de la oposición. Con todo, se trata de un presupuesto aprobado con 14 votos a favor, mientras que los otros 7 han votado en su contra.
Los ingresos totales previstos por el equipo de gobierno ascienden a 17.811.920 euros, mientras que la cifra total de gastos presupuestados alcanza los 17.151.154 euros; por tanto, las previsiones de los dirigentes locales estiman un superávit de algo más de 660.00 euros en 2014.
Desde el equipo de gobierno, el edil de Hacienda (Josep Enric Alcacer) definió las cuentas públicas como “un ejemplo de cómo continuar con la senda de ajuste y equilibrio presupuestario que se marca el Ayuntamiento de Bétera, lo que nos permitirá cumplir on todas las disposiciones legales y los límites vigentes”.
Considera Alcàcer que el presupuesto 2014 en Bétera “es transparente y coherente” y se ajusta “a la planificación y previsión necesaria para el municipio, tras una labor ardua de las distintas áreas de concejalías para la pertinente valoración de los mismos por los técnicos, siempre en armonía y cumplimiento con la normativa actual”.
En su intervención, el edil de Obras Públicas y Medio Ambiente (Francisco Javier Alapont) se refirió a la nueva concesión del contrato de recogida de basuras: “Tiene una duración de 8 años, implica el pago de algo más de 9 millones de euros y nos permite ahorrarnos 150.000 euros”. Una de las ventajas obtenidas por parte del consistorio es que la empresa adjudicataria asumirá la no actualización del IPC para estos ocho años.
“El pueblo de Bétera tendrá un servicio de más calidad y con un mejor precio. Además, el proceso de adjudicación ha sido totalmente transparente: la Mesa de Contratación ha estado formado únicamente por personal técnico y jurídico, al que se añade el alcalde de Bétera”, concluyó Alapont.
El alcalde beterense, Germán Cotanda, destacó el “importante esfuerzo” acometido por el Ayuntamiento “con el plan de ajuste que está en el 90% de su cumplimiento”. También comentó el primer edil que, pese a que existe una deuda acumulada de 5,6 millones de euros, “Bétera es el cuarto municipio menos endeudado en la comarca del Camp de Túria”.
La oposición, en contra
Las cifras preupuestadas por el equipo de gobierno no convencieron a la oposición. Las primeras críticas no se ciñeron al contenido del prespuesto aprobado, sino a la fecha y la hora elegida para celebrar el Pleno en que se aprobó el presupuesto (a partir de las 14:00 horas). Se criticó la elección de un horario “poco propicio para que asistieran los vecinos” y se recordó que, en el año anterior, también le optó por un “horario intempestivo”: las 7:00 de la mañana.
En cuanto al propio contenido del presupuesto, hubo también cierta homogeneidad en el discurso de los partidos de la oposición. El edil socialista Roberto Ocaña calificó como “continuistas y sin alma, con poca previsión y encaminados a cumplir con la contención presupuestaria que impone el gobierno de España”.
La portavoz de la Coalició Compromís, Cristina Alemany, instó a fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y puso el ejemplo de un municipio (Ontinyent), “en donde los ciudadanos han decidido dónde quieren invertir”. En este sentido, Alemany anunció que se han recogido una serie de propuestas vecinales que se van a presentar para que sean tomadas en condideración.
Desde EUPV, formación sin representantes en el consistorio, su portavoz (Luis Poveda) expuso varias proposiciones: entre ellas, incrementar los impuestos a las rentas más altas del municipio, al tiempo que se apelaba a la reducción de los impuestos locales para aquellos habitantes que menos tienen. También se pedía a los concejales una reducción de sus retribuciones salariales.