El alcalde de Bétera declara en Llíria, tras ser acusado de prevaricación

A finales del año 2009, los partidos que forman parte de la oposición en el Ayuntamiento de Bétera (PSOE, EU, BLOC y CUBE) presentaron una denuncia contra el alcalde de este municipio, el popular José Manuel Aloy, al que acusaban de haber cometido un delito de prevaricación administrativa. Tras varios retrasos, Aloy ya ha acudido a los juzgados de Llíria a declarar.

José García

Según se denuncia desde la oposición, el equipo de gobierno local ha dedicado a contratar los servicios de varios bufetes de abogados para que se encargaran de la defensa jurídica del Ayuntamiento de Bétera. La mayoría de estas actuaciones formaba parte del ámbito urbanístico. Desde la oposición se acusa al alcalde de haber efectuado contrataciones reiteradas de determinados bufetes sin seguir los trámites legales.

Concretamente imputan a José Manuel Aloy el delito de prevaricación porque, según exponen en su denuncia, éste consintió la contratación de los servicios jurídicos de forma irregular: fraccionando el pago de los honorarios, de modo que no fuera necesario seguir un procedimiento negociado con publicidad. No sólo esto: siempre según estas fuentes, el alcalde llegó incluso a ignorar los reparos de la interventora municipal, que exponía sus reservas ante dicha forma de actuación.

Según se establece en las leyes, toda contratación pública de suministros y servicios cuyo coste sobrepase los 60.000.000 euros debe adjudicarse con un procedimiento negociado con publicidad, al que concurran varios aspirantes y que acabe siendo concedido al que ofrezca unas condiciones más ventajosas. Desde la oposición se dice que el coste de los honorarios supera esta cifra y que el procedimiento empleado para asignarle el servicio de defensa jurídica no es el marcado por la ley.

El alcalde de Bétera, José Manuel Aloy, ha atendido el requerimiento de InfoTúria y ha explicado que ha acudido a los tribunales para contestar a todas las preguntas que se le han formulado, “haciendo constar siempre mi convencimiento de que hemos actuado en todo momento creyendo en que todas las contrataciones se efectuaban del modo correcto”.

Según el alcalde de Bétera, “en una época marcada por la abundancia de casos relacionados con el urbanismo, acudimos a los bufetes que mejor iban a defender los intereses del Ayuntamiento, cosa que demuestra el enorme número de casos ganados, superior al 95%”.

Preguntado por si volvería a efectuar esas contrataciones del mismo modo, el primer edil responde afirmativamente: “Sí, aunque ahora no existe la necesidad que hubo en el pasado. Pero sí, lo haría igualmente, toda vez que demostremos que el método empleado es el correcto”.

Desde la oposición, no se han querido hacer una valoración muy extensa de la situación del caso en estos momentos. Las fuentes socialistas consultadas por InfoTúria sólo han incidido en dos puntos: las objeciones de la interventora municipal y el número de casos asignados a los abogados.

“Llama la atención el número de denuncias, relacionadas con el urbanismo, que han dirigido los propios vecinos de Bétera contra su Ayuntamiento. Este hecho, en sí mismo, es una prueba de que el consistorio no ha actuado en defensa de los intereses de los habitantes de Bétera… especialmente, en los casos en los que el Ayuntamiento ha acabado perdiendo el juicio”, señalan desde el PSPV-PSOE.

También se refieren al número de casos en los que ha habido notificaciones, por parte de la interventora municipal, en la que ésta mostraba sus reservas por el modus operandi seguido en esas contrataciones: “Se habla de unos 300.000 euros, divididos en facturas de 6.000, 10.000, 15.000 euros. Si se divide el total por ese número, salen 40 ó 50 facturas. ¿Cómo puede decir el alcalde que no era consciente de estar actuando de forma contraria a la ley?”, se preguntan estas mismas fuentes.

El alcalde, José Manuel Aloy, insiste en que en ningún momento ha actuado en contra de la legalidad y que nunca fue consciente de estar contraviniendo la legislación vigente en cuanto al régimen de contrataciones.