CC.OO. ha calificado como una “autentica vergüenza” la decisión de la Generalitat Valenciana de no crear los 15 juzgados pendientes, entre los que se incluye el nº 7 de Llíria.
José García
En total son 15 las juzgados que no van a construirse, según denuncian desde CC.OO.: el que afecta a los vecinos de la comarca del Camp de Túria es el de Llíria, aunque otro tanto puede aplicarse a las demandas efectuadas desde Alicante, Orihuela, Benidorm, Elche, Denia, Torrevieja, Novelda, Vilajoyosa, Nules, Gandia, Carlet, Massamagrell y Quart de Poblet.
El sindicato ha afirma que esta decisión responde a la “falta de dotación presupuestaria del Consell” y advierte que el colapso y retraso en la Justicia valenciana se agravará. “La Conselleria de Justicia pretende justificarse con el argumento de que la estructura de juzgados es inadecuada, cuando el motivo real es su falta de dotación presupuestaria para poner en marcha los 15 órganos judiciales que se había comprometido”.
La Conselleria de Justicia había solicitado la creación de 25 órganos judiciales en 2010 a la Administración central y le fueron autorizados y aprobados 23 nuevos órganos, que ya deberían estar en funcionamiento. Solo pudieron ponerse en marcha 8 órganos judiciales a finales de 2010 y el Ministerio de Justicia concedió un aplazamiento para los 15 órganos judiciales pendientes que deben comenzar su actividad el 30 de junio próximo. Las razones del Gobierno valenciano para justificar dicho retraso fueron las dificultades de ubicación y de presupuesto.
La Administración autonómica se comprometió el pasado diciembre, recuerdan desde el sindicato, en la Mesa Sectorial de Justicia con las organizaciones sindicales “a la creación de los juzgados pendientes con todo el personal, unos 150 trabajadores, y anunció que no habría ningún inconveniente ni con la ubicación de los órganos ni con la dotación del personal”.
Para CC.OO. el argumento ofrecido desde el Consell “no es admisible” y considera que los juzgados que no se crearán “parecen ser el pago de la factura que deben pagar los valencianos para hacer frente a la deuda contraída por la Generalitat Valenciana con Correos, y que asciende a 33 millones de euros”.
“El déficit de órganos judiciales de la Justicia valenciana no permite experimentos organizativos como el que anuncia la Conselleria”, insisten desde este sindicato, que denuncia que “los partidos judiciales afectados no pueden soportar más dilaciones en la necesaria dotación de magistrados y personal”.
Para CC.OO. “se deberían depurar responsabilidades ante estos incumplimientos y la degradación y mal funcionamiento de la Justicia valenciana que parece no tener fin”.