Emerge la deuda de los consistorios con sus proveedores

El gobierno de España ha aprobado un Decreto-Ley que va a favorecer a las pequeñas empresas asfixiadas por las deudas que han contraido con ellas las administraciones locales y, esto también favorecerá a los ayuntamientos, que dispondrán de liquidez para saldar sus deudas; sin embargo, esta decisión del gobierno de España ha supuesto que se conozca con absoluta claridad a cuánto asciende las facturas no pagadas por cada consistorio.

Es una historia que se repite en la práctica totalidad de poblaciones que componen la comarca del Camp de Túria y poco importa el color político de los dirigentes; tanto da que sean éstos del PP o del PSOE, siempre se constata la misma situación: existen muchas facturas que no se han abonado a algunos proveedores y, con la aprobación del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de Febrero (por parte del actual gobierno de España), todos los consistorios se han afanado en sacar esas facturas a la luz, para que éstas puedan abonarse a quienes las emitieron.

José García

Esto, como puede imaginarse, no será sencillo: el gobierno de España se encargará de pagarlas, pero reclama a los Ayuntamientos que elaboren un Plan de Ajuste que les permita poder ‘devolver’ el dinero que va a ‘adelantar’ el gobierno estatal a los proveedores; esa cantidad que paga ahora el gobierno de España se la deberán devolver durante los consistorios en los próximos 10 años, de forma escalonada.

Evidentemente, si los ayuntamientos no tienen dinero para pagar sus deudas con proveedores, tampoco lo tienen para pagárselo al gobierno del país; es por ello que se ha establecido un ‘período de carencia’, que abarca los dos próximos años, en los que los consistorios deberán apretarse el cinturón; transcurridos estos dos años, deberán empezar a abonar ese dinero.

Desde los distintos partidos en la oposición se critica a los respectivos equipos de gobierno de cada población: por un lado, denuncian que se les ha ocultado información relativa a la situación real en que se encontraban las cuentas públicas; por otro, lamentan la mala gestión económica que los dirigentes locales están llevando a la práctica, y que ha desembocado en la necesidad de solicitar al gobierno del país que les asigne una partida presupuestaria para poder pagar las facturas de unos servicios contratados por cada consistorio.

Llíria
En el cap i casal del Camp de Túria, el Plan de Ajuste promovido desde el gobierno del popular Manuel Izquierdo es considerado por el PSOE local como “fruto de su mala gestión económica y de los gastos desmedidos del equipo de gobierno”.

Para uno de los concejales del grupo socialista edetano, Josep Lluis Pérez, “Llíria tiene, gracias al PP, la peor liquidación presupuestaria de la última década, con una deuda con los proveedores superior a 1.800.000 euros”. Según estas mismas fuentes, el 60% de esta deuda la soportan una decena de grandes empresas de fuera de nuestra ciudad y entidades financieras, el 25% son de empresas más pequeñas y el 15% restante es de empresas locales.

Además, según Pérez, que “si se hiciese efectivo el pago de la deuda que tienen las administraciones central, autonómica y la Diputación provincial con Llíria, posiblemente podríamos hacer frente al pago de los proveedores sin aumentar desmesuradamente la deuda de Llíria, garantizando además la calidad de los servicios públicos”.

L’Eliana
En el caso de este municipio, la cuantía de las facturas que aún no se han abonado a sus proveedores (hasta el 31 de diciembre de 2011) es de 1.530.230,29  euros. Según se apunta desde el PP de dicho municipio, a estas cifras se suman los 942.000 euros reconocidos en 2008; 1.603.000 euros en 2009; y 441.000 euros de 2010.

Según uno de los concejales populares en el Ayuntamiento, José Moreno “esta reincidencia sólo se explica como una estrategia: hacen el presupuesto a sabiendas que no lo van a cumplir, porque se dejan fuera gastos que se sabe que se van a producir, y que se repiten año tras año”.

Moreno añade que “la medida impulsada por el gobierno de España es muy positiva para todos los Ayuntamientos y, especialmente, para el de l’Eliana”; sin embargo, el grupo popular ha manifestado su “discrepancia” con las medidas recogidas en el Plan de Ajuste del equipo de gobierno de esta localidad, “en las que se recoge un aumento de los impuestos de 1.300.0000 de euros, con una subida del IBI del 20% y sin que exista ninguna significativa reducción de gastos”.

San Antonio de Benagéber
En San Antonio de Benagéber se ha aprobado un Plan de Ajuste para hacer frente a la deuda de 4.368.972.42 euros que han reconocidos por el propio equipo de gobierno como impagados a proveedores.

Desde el grupo opositor ‘Plataforma por San Antonio de Benagéber’ se asegura que esa cifra ha sido presentada anteriormente como inferior, por parte de los dirigentes locales; añaden desde ese partido que además esos 4,3 millones de euros debe añadirse otros 2.354.650 euros de obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados para 2012, otros 460.140 euros de  saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del 2012, lo que arroja una cifra total de 7.183.762 euros.

“La deuda total supera con creces los 1.000 euros por habitante, siendo la responsabilidad del actual alcalde, Eugenio Cañizares, quien ha sido primer edil del municipio desde la segregación del municipio respecto a Paterna y, por lo tanto, ha sido el único gestor económico de este pueblo”, critican desde este partido.

También se quejan desde ‘Plataforma’ de que, para afrontar esta situación económica, “se subirán impuestos y tasas, se crearán nuevas imposiciones fiscales para los vecinos, se privatizará el suministro de agua y alcantarillado, se suprimirán ayudas sociales y se disminuirán los servicios públicos y su calidad”.

La Pobla de Vallbona
También en esta localidad se han elevado voces críticas contra la gestión de la dirigente local, la popular Mari Carmen Contelles. En el caso de La Pobla, la cuantía que deberá ‘adelantar’ el gobierno de España al consistorio poblano es de 2.800.000 euros.

Desde la formación opositora CUPO se critica con la actuación de los dirigentes locales: “Nuestra formación política vecinal ha mostrado su apoyo a las medidas del gobierno central en este proyecto; por ello solicitamos, en el pleno ordinario del 6 de Marzo, una moción para solicitar la creación de un grupo de trabajo con representación de todas las fuerzas políticas municipales, para poder afrontar la situación y poder consensuar un Plan de Ajuste. Sin embargo, esa propuesta fue desestimada por el actual equipo de gobierno”.

“Por eso nos resulta del todo ilógico que los actuales dirigentes políticos nos hayan solicitado nuestro voto favorable respecto al Plan que ha elaborado el PP, tras haber tomado ellos de forma anticipada todas las decisiones, sin informar, consultar, dialogar ni consensuar”.