Las declaraciones efectuadas por parte del conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, y del secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, sobre la necesidad de reclamar al gobierno de España una partida económica que permitan abrir los juzgados de Llíria, Massamagrell y Novelda han sido duramente criticadas por miembros de EUPV, quienes las consideran “una actuación de cara a la galería”.
José García
El pasado mes de julio, el conseller de Justicia se reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, para transmitirle la “preocupación” del Consell por la no apertura de tres nuevos juzgados en nuestra comunidad autónoma: los de Llíria, Massamagrell y Novelda. Cabré se quejaba entonces de la “falta de previsión” del gobierno del país a la hora de asignar una partida presupuestaria que permitiera pagar los sueldos de los magistrados que deben desempeñar su función en los citados juzgados.
Hoy ha sido Serafín Castellano quien ha manifestado que el PP “no se mueve por intereses de partido, sino por los intereses de los valencianos” y, por ello, va a trasladar al gobierno del país que “lleguen más jueces a la Comunidad Valenciana, así como la creación de cinco juzgados”, para solucionar los “problemas de colapso de algunos juzgados”. Hoy mismo, también el conseller Jorge Cabré ha anunciado que reclamará al gobierno de España “más jueces y la apertura de los nuevos juzgados de Llíria, Massamagrell, Novelda, Orihuela y Torevieja”.
Estas palabras, sin embargo, no han sido acogidas por EUPV con excesivo optimismo. Según ha apuntado el portavoz adjunto de EUPV en las Cortes Valencianas, Ignacio Blanco, “estamos ante una actuación de cara a la galería, ya que el gobierno de Mariano Rajoy ha cerrado la puerta a estos juzgados, al haber redactado sus nuevos presupuestos”.
Desde EUPV recuerdan que el diputado valenciano Ricardo Sixto preguntó a la Mesa del Congreso de los Diputados, el pasado 26 de junio, por la puesta en marcha de los juzgados en cuestión. En aquella ocasión, Sixto recordaba que fue la Generalitat Valenciana “quien solicitó al gobierno de España el aplazamiento de la apertura de puertas de los juzgados de Llíria, Massamagrell, Novelda y Orihuela, por falta de recursos económicos para pagar a jueces y secretarios de los nuevos juzgados”.
Añadía este miembro de EUPV que, en los casos de los juzgados de Llíria, Massamagrell y Novelda, “estas sedes judiciales ya están construidas y disponen de muebles y el equipamiento informático necesario” para asumir las tareas que les competen, por lo que criticaba a Consell y gobierno de España “por sus reiterados despropósitos y su continua falta de previsión”.
La respuesta de los representantes del gobierno de España hacia este asunto fue clara: “como consecuencia de las rigurosas medidas de ajuste presupuestario y de reducción del déficit público, no resulta factible proceder a la creación de nuevas unidades judiciales”.
A esto se añadía que “se está estudiando la aprobación de refuerzos para mejorar la situación, en cuanto a cargas de trabajo, de los órganos judiciales de las citadas localidades”. Por tanto, no cabe esperar que el nuevo juzgado de Llíria comience a asumir una carga de trabajo a corto plazo.