Los consistorios de de Vilamarxant y La Pobla de Vallbona se han sumado a la iniciativa de la Diputación de Valencia para prestar mediación en casos de desahucios. El acuerdo también implica al el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), que se encargará de ofrecer sus servicios jurídicos.
José García
Los vecinos de Vilamarxant y la Pobla de Vallbona que sean propietarios, usufructuarios, arrendatarios u ocupantes de inmuebles destinados a su propia vivienda habitual, podrán solicitar en el ayuntamiento de sus respectivos municipios un servicio jurídico de manera gratuita.
Este convenio facilita la mediación en controversias sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual, y también la intermediación entre quienes no pueden pagar los préstamos hipotecarios que contrajeron para financiar la adquisición de su vivienda habitual porque se hallan en el denominado umbral de exclusión, y los bancos y demás entidades acreedoras de esos préstamos.
Las personas afectadas por un proceso de desahucio podrán solicitar asistencia jurídica para afrontar el mismo y si reúnen las condiciones, pedir su suspensión. La prestación de los servicios de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación y negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual la prestarán miembros del ICAV.
El alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret, define esta iniciativa como “magnífica” y espera que este tipo de asesoramiento jurídico contribuya a “evitar la indefensión de nuestros vecinos y facilite la mediación en la resolución de conflictos; de este modo, ofrecemos soluciones reales, nuevas oportunidades y alternativas a los vecinos que más lo necesitan”.
La alcaldesa de La Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha comentado que, gracias a esta iniciativa, los vecinos con problemas con su vivienda habitual y que están en una situación de vulnerabilidad, no quedan indefensos y pueden acceder a estos servicios jurídicos de forma gratuita. Nuestro objetivo es ayudar a los más desfavorecidos, y darles acceso al derecho a la justicia no solamente para los procesos judiciales, sino también para la mediación previa en la solución de conflictos”.