Esto es lo que recibirá cada municipio de Camp de Túria hasta 2023

Llíria es el único que supera el millón de euros

Los municipios del Camp de Túria recibirán 10.858.153 euros de la Diputació de València en el marco del Plan de Inversiones 2022-23. Los 16 ayuntamientos y la Mancomunitat Camp de Túria entrarán en este reparto, que oscila entre el 1.036.203 euros que corresponden a Llíria y los 336.347 euros que tiene asignados Gátova. Además, Riba-roja alcanza los 965.000 euros y La Pobla de Vallbona, L’Eliana, Bétera y Vilamarxant superan los 800.000.

Por debajo de esa cifra se sitúan Benaguasil, con 773.466 euros, San Antonio de Benagéber y Nàquera, con algo más de 600.000 euros y Serra, con 599.000.

Los municipios que reciben algo más de 400.000 euros son Casinos, Loriguilla, Marines, Olocau y Benissanó.

Por su parte, la Mancumunitat recibirá en 247.000 euros durante los próximos dos años.

El presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha presentado este lunes, ante más de 200 alcaldes, la propuesta de Plan de Inversiones para este año y el próximo, con una dotación de 140 millones de euros que refuerza la apuesta por la autonomía municipal y la liquidez que necesitan los ayuntamientos para mejorar infraestructuras y servicios.

De la explicación de la fórmula para repartir esas ayudas se ha encargado el vicepresidente Bielsa, que ha destacado como novedosos los incentivos para los ayuntamientos que cuentan con planes de igualdad municipales, parajes naturales y zonas verdes, criterios que se suman a otros ya incluidos en el plan como la tasa de desempleo, la existencia de núcleos históricos con valor patrimonial o el esfuerzo fiscal de los consistorios.

Los criterios

Carlos Fernández Bielsa ha detallado los criterios que justifican las cantidades finales incluidas en la propuesta de Plan de Inversiones de la Diputació, con una parte fija, prorrateada de forma equitativa entre los 264 entes locales, que supone alrededor de un 35% de los 140 millones de euros. Además, otro 30% de la ayuda se concede en función de la población y el 10% según la superficie.

El resto de la cantidad asignada a cada ayuntamiento depende de criterios como el coste por la prestación de servicios públicos; la puesta en marcha de planes de movilidad sostenible; y la existencia de planes de igualdad y zonas verdes municipales, de cuya valoración depende un 5% y un 2% respectivamente de la aportación final a cada población. Otra de las novedades es que los consistorios podrán destinar hasta un 1,25% de la cantidad que reciban a la elaboración de un plan antifraude, de carácter voluntario.