La gerencia de la nueva empresa de la Diputación fija la calidad como premisa para mejorar el servicio a ayuntamientos y ciudadanía
La dirección de Divalterra, compuesta por los gerentes Agustina Brines y Víctor Sahuquillo, y el director del Área Jurídica, José Luis Vera, han presentado hoy la nueva imagen corporativa de la empresa pública. Una ruptura de forma, pero también de fondo con la antigua Imelsa. Los nuevos gerentes de la empresa de la Diputación de Valencia han firmado el acta de defunción: “Imelsa ya murió y está en los tribunales”.
Brines y Sahuquillo han explicado en la presentación de la nueva imagen corporativa de Divalterra que la nueva denominación de la antigua Imelsa es “el punto de partida para el comienzo de una nueva manera de gestionar esta empresa con el objetivo de ser un instrumento eficaz en el desarrollo socio-económico municipal”.
Los gerentes han defendido que Divalterra “es una empresa viva, abierta a cualquier programa de actuación que suponga una mejora en la calidad de vida de los valencianos. Queremos que la empresa merezca el orgullo de la ciudadanía y para ello la calidad debe ser el elemento definitorio de nuestro trabajo”.
“Las empresas públicas son de los ciudadanos –han continuado desde la gerencia-. Por ello, en Divalterra la transparencia no es solo un concepto: es una manera de entender la propia gestión de la empresa. Queremos que la ciudadanía conozca qué se hace con cada céntimo de dinero público”.
Víctor Sahuquillo y Agustina Brines han fijado como prioritario “el establecimiento de un plan de formación interno, que permita una mayor profesionalización y especialización de la plantilla; algo imprescindible para que las acciones que se desarrollen sigan los criterios de calidad que nos hemos autoimpuesto”.
Para ello “se ha llevado a cabo un estudio interno de necesidades y recursos existentes, que nos ha permitido reestructurar las áreas de servicios de la empresa para adaptarlas a las necesidades de consistorios y ciudadanía”.
Otra de las prioridades de los primeros meses de gestión de la empresa pública ha sido “la reducción del plazo medio de pago a proveedores; que lo encontramos en una media de entre 39 y 45 días y ya se ha reducido a 19. Nuestro objetivo es estabilizarlo en 10 días”, ha afirmado José Luis Vera.
“Para ello se han establecido una serie de criterios de eficiencia y mecanismos de control que no supusieran un incremento en la burocracia; sino que faciliten la relación comercial entre empresa y proveedores”, ha concluido.
El cambio de logotipo e imagen de la empresa pública, incluido el de las brigadas forestales, ha costado 11.000 euros.