Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria
Cuando en los últimos tiempos se habla con tanta profusión y alegría sobre la necesidad de mejorar las políticas de la financiación autonómica en España y, paralelamente, en la Comunitat Valenciana no sólo nos referimos a una cuestión de datos y de cifras. Muchas veces nos olvidamos de que detrás de esos números y de esas cantidades económicas hay personas, necesidades urgentes, proyectos pendientes de ejecución y un amplio abanico de carencias que sin un aumento de los recursos propios no se podrán realizar ni ahora ni nunca. Los municipios, como entidad más cercana a nuestros ciudadanos, somos los que conocemos con mayor detalle las demandas que necesitan el pequeño comercio, nuestras industrias, los parques logísticos o cualquier iniciativa empresarial, incluidos los emprendedores. Desde el principio de la legislatura, la Generalitat Valenciana, por primera vez en muchos años, se ha puesto manos a la obra y está capitaneando una ofensiva para conseguir un reparto justo del dinero que el Estado recauda en materia de impuestos. Y, según parece, la cosa pinta bien.
Más allá del fragor de la lucha legítima y habitual entre los partidos políticos alrededor de una cuestión de emergencia nacional, es importante arremangarse los pantalones para abordar, por fin, las reivindicaciones que desde hace años venimos reclamando los valencianos con todo el derecho y razón del mundo -según ratifican expertos economistas e importantes juristas constitucionalistas- al ser los peor parados en un sistema que hace aguas desde hace demasiado tiempo y que el Gobierno debe acometer sin esperas ni subterfugios legales, estadísticos o financieros, al margen de etiquetas políticas. En la perspectiva más inmediata se sitúa el corredor mediterráneo como el eje instrumental para que el crecimiento económico en todo nuestro territorio sea una realidad plena y duradera. Sin embargo, para ello son necesarias inversiones concretas en infraestructuras y obras que permitan a nuestras industrias una conexión más eficaz con los países europeos más importantes y, además, una movilidad de su línea de producción acorde a los tiempos que vivimos. Con una ubicación estratégica notable, con las ciudades de Madrid y Barcelona en el horizonte de nuestro progreso, no podemos desesperar en nuestra línea de reivindicación ante lo que consideramos una petición justa y razonable.
Desde el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria hemos realizado un cálculo exhaustivo sobre las pérdidas y las consecuencias que estamos sufriendo a día de hoy por la ausencia de esa nueva financiación que empresarios, administraciones, agentes sociales y gobiernos autonómicos, todos a la par, estamos realizando al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al propio presidente Mariano Rajoy. Alrededor de 6’8 millones de euros es la cantidad que estamos dejando de ingresar actualmente y, por tanto, de invertir, para sectores tan importantes como los polígonos industriales, una zona logística con accesos modernos y cómodos o mejoras en las líneas del ferrocarril. Todo ello sin olvidar otras obras como un nuevo centro de salud, el metro en el centro del pueblo, un quinto colegio público o terminar el centro polivalente.
Hablamos de Riba-roja pero podríamos extenderlos al resto de municipios valencianos, cada uno con sus características y con sus necesidades. Desde el sillón hercúleo de un ministerio se considerarán minucias todas estas obras y servicios, pero para los alcaldes que debemos dar la cara ante nuestros vecinos, a los que nos debemos y servimos, son aspectos que no podemos marginar, ni tan siquiera participar en un intercambio de cromos con el ministro de turno. La lucha que nos ha llevado hasta aquí, con el president Ximo Puig al frente, no ha sido fácil, ya lo sabíamos de antemano, y por eso no podemos caer justamente ahora en el desánimo o la depresión. Los vecinos están siempre por delante del capricho o arbitrariedad de cualquier ministro.