Robert Raga, alcalde de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
La actual Constitución de 1978 garantiza, con todas las letras y honores, la autonomía municipal de los ayuntamientos ante cualquier amago de intervencionismo por parte de una institución que resquebraje o ponga en duda este principio básico en la organización y funcionamiento de una entidad municipal. Su puesta en marcha, en el día a día, constituye la esencia que hace años nos otorgamos a nosotros mismos y que debemos no solo conservar sino, además, potenciar y cuanto menos divulgar entre todos los ciudadanos. Sin embargo, esa autonomía que se han ganado las administraciones locales con esfuerzo y ahínco se pone en duda, cíclicamente, desde algunos reductos de poder del Estado, coincidiendo con los gobiernos conservadores. Como una especie de “tic” autoritario, edulcorado con ese aroma del padre que vigila al hijo para que no derroche y disfrazado con un vestido liberal para la ocasión, el gobierno de Rajoy sólo se ha preocupado de amenazar desde su primer año de mandato, allá por 2011, con su intervencionismo sobre los ayuntamientos en lugar de avanzar en mayores cuotas de financiación en aquellas autonomías, como la valenciana, donde los recursos escasean y hay que recurrir al ingenio para cuadrar las cuentas económicas.
La denominada ley Montoro, de infausto recuerdo para todos los ayuntamientos, restringe la autonomía que una administración local debe poseer para atender las necesidades y peticiones de nuestros vecinos, con todas las consecuencias. Los alcaldes y concejales de un ayuntamiento somos los que conocemos de primera mano la cruda realidad que padecemos en nuestra tarea diaria de gestionar los ingresos y los gastos ordinarios que se generan anualmente y con ellos poder ofrecer unos servicios municipales acordes al esfuerzo que realizan los contribuyentes. Por ello, no entendemos el empecinamiento del ministro de Hacienda por restar las competencias que un mandatario público tiene sobre sus propias cuentas. Sin importarle lo más mínimo la situación financiera del ayuntamiento en cuestión, su deuda bancaria, sus préstamos financieros o sus cuentas mensuales, el objetivo de Cristóbal Montoro pasa por reafirmar su grandeza a base de decretos que coartan la posibilidad de un municipio de crecer en servicios, de mejorarlos o, únicamente, de actualizarlos a la nueva realidad que vivimos en un momento determinado de la historia.
En todos los foros y espacios públicos de debate donde participo, en mi condición de alcalde de Riba-roja y, por tanto, como delegado de todos mis vecinos, reivindico la necesidad de conservar el municipalismo que tanto nos ha costado lograr. Por eso no entiendo que a los consistorios que cumplimos con nuestro deber -deuda a cero, liquidación de préstamos financieros y superávits económicos gracias a una disciplina en la gestión- no nos deje ampliar los servicios municipales para mejorar la atención a los nuevos habitantes que llegan a Riba-roja o crear nuevos programas que atiendan mejor los retos que se nos plantean periódicamente. Justamente, en nuestro caso se trataba de destinar 2 millones de euros de un superávit a dotar de más agentes a la policía local y a contratar empresas externas para realizar más tareas de limpieza, recogida de residuos, trabajos de albañilería o de señalización viaria, tanto en áreas residenciales como en el casco urbano. Esta situación, desgraciadamente, se puede extender a buen número de municipios valencianos. Sin embargo, una vez más hemos chocado contra el muro que supone el Partido Popular, el adalid del liberalismo más recalcitrante, plagado de enormes cuotas de autoritarismo e intervencionismo a partes iguales, sabedores de que cuentan con todos los instrumentos y rescoldos que ofrecen las más altas instancias del Estado.