Robert Raga, alcalde de Riba-roja y secretario de Transparencia PSPV
Que tres de los cuatro últimos ex presidentes de la Generalitat Valenciana estén relacionados con distintos casos de corrupción –Olivas por Bankia, Camps por la Fórmula 1 y Zaplana por la operación Lezo- debería ser un motivo suficiente para una reflexión profunda entre los cuadros dirigentes del Partido Popular de la Comunitat.
No solo se han dedicado durante dos décadas a saquear sin escrúpulos las arcas públicas -ahora se echan de menos los millones para financiar distintos derechos sociales- sino que, para más inri, han ultrajado la imagen de todos los valencianos más allá de nuestra Comunitat.
Nuestra credibilidad, ese gran activo en el exterior, puede desvanecerse por culpa de las necedades del PP. La carta de presentación con la que, habitualmente, cualquier ciudadano intenta atraer a su interlocutor, en el caso de la Generaltat se convierte en una pesada losa difícil de soportar. Cuando parece que ya hemos alcanzado el cénit de los escándalos y los casos de corrupción, el Partido Popular nos sorprende con un nuevo episodio que supera, con creces, al anterior. Nuestra capacidad de hilaridad se dispara.
El Govern del Botànic, surgido al socaire de los nuevos tiempos propiciados por los resultados de las elecciones de 2015, ha realizado esfuerzos ingentes por recuperar los derechos que el Partido Popular sustrajo durante sus años de gobierno mientras al mismo tiempo trazaba una hoja de ruta en la que todos sus proyectos, iniciativas y actuaciones se hilvanaban bajo un mismo prisma: saquear el máximo de dinero para engordar, presuntamente, las cuentas del partido y paralelamente para enriquecer a muchos de sus dirigentes y altos cargos como ahora, en un goteo incesante, se van conociendo.
Estos escándalos que ocupan páginas enteras de periódicos y horas en radio y televisión son el fruto del trabajo de oposición que se realizó durante los veinte años de gobiernos del PP en medio de muestras de indiferencia e incredulidad.
Sin embargo, los medios de comunicación han jugado un papel esencial a la hora de destapar las actuaciones deshonrosas de aquellos que pensaban que estaban tocados por una varita mágica.
El PP no debe solo pedir perdón sino devolver el dinero robado y refundar desde cero su partido, con gente nueva que no tenga nada que ver con el pasado.
Como alcalde de Riba-roja de Túria, no puedo por menos que lamentar el enorme daño que las políticas de la Generalitat bajo mandato del PP han causado en nuestro municipio, empezando por la privatización de la ITV que Zaplana utilizó para obtener posiblemente beneficios.
El PP utilizó a Riba-roja como banco de pruebas de algunos de los escándalos más sonados que retumbaron en todos los cimientos de la Comunitat. Como prueba dos ejemplos. Primero con un concierto de Julio Iglesias sobre la explanada del río Túria gracias al altruismo de una empresa que, como concesionaria en la explotación de una cantera, abastecía de materiales a los gobiernos de Zaplana para ampliar el puerto de Valencia en aras de algunos grandes eventos como la Copa América primero y la Fórmula 1 después. Pocos años más tarde, el epicentro de la corrupción se cimentó con uno de los mayores pelotazos urbanísticos jamás acaecidos sobre nuestra Comunitat: el PAI de Porxinos y sus 100 millones de beneficios en plusvalías.
El poder político, autonómico y municipal, junto a unos mandamases deportivos despojados de vergüenza y escrúpulos unieron sus fuerzas para sacar un provecho económico a costa de todos los valencianos.
A día de hoy, todavía estamos pagando las consecuencias de esos años dorados, trufados de despilfarro, descontrol y excesos. Los tribunales se deben encargar de dictar justicia y depurar las responsabilidades. En juego está la credibilidad de los políticos y de los jueces.