Robert Raga, alcalde del ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Es evidente, y a las pruebas me remito, que la transparencia en las administraciones públicas ha sido durante esta legislatura, que camina ya hacia su recta final, uno de los ejes que bajo un gobierno progresista y de izquierdas se ha impulsado notablemente y con mayor ahínco a lo largo de la Comunitat Valenciana. No sólo se trata de desarrollar todas aquellas promesas que, previamente, se habían plasmado sobre la base de un programa electoral sino también de cumplir con la voluntad de los miles y miles de valencianos que habían depositado su voto en un gobierno progresista para dar un giro radical a los años de despilfarro, opacidad y saqueo del Partido Popular.
La puesta en marcha del denominado Acord del Botànic al frente de la Generalitat Valenciana afrontaba un reto apasionante aunque no exento de trabas y vicisitudes. Especialmente, porque hasta ahora ningún gobierno había tenido ante sí una situación tan delicada y crítica por un problema de credibilidad acentuada por las dos décadas de la derecha en la Comunitat. Además, las inercias de la propia administración acrecentaba las dudas desde algunos sectores para que la transparencia en la gestión de los recursos públicos se convirtiese en un eje fundamental durante estos cuatro años.
Históricamente, la gestión de las administraciones se ha efectuado al margen de cualquier control o seguimiento por parte de los ciudadanos y votantes, aquellos que al fin y al cabo son los destinatarios directos de los servicios que se les presta en su día a día.
Sin embargo, el movimiento ciudadano nos exigía a los gobernantes mecanismos y procesos que les permitiesen ser partícipes esenciales de esa gestión. Buscar un dato económico concreto, acceder a una bolsa de empleo, consultar un documento oficial o tramitar unas gestiones a través del portal telemático es ya una realidad que funciona a pleno rendimiento, y, por suerte, ya no hay vuelta atrás. Las contrataciones y licitaciones, piedra angular del descrédito arrastrado durante mucho tiempo y nido de corruptelas, carecen desde ya de cualquier atisbo de sombra o incógnita. El coste humano, técnico y económico ha sido elevado para adaptar la situación de cada ayuntamiento a los imperativos legales. Los logros conseguidos por los denominados gobierno del cambio en materia de transparencia, participación ciudadana y honestidad, plasmados en la segunda mitad de la legislatura, son ya una realidad insustituible.
Recientemente, la Dynamic Transparency Index, una firma de reconocido prestigio en el sector, ha publicado un análisis detallado sobre la situación que viven los ayuntamientos en toda España y en el que se avala el trabajo que estamos realizando desde los administraciones valencianas.
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que encabezo actualmente comparte el liderato con su homólogo de València, en el ámbito de la Comunitat, en lo que respecta al índice de transparencia, a partir de una base sólida y de unos datos incontestables, con más del 75% en los parámetros que certifican una labor encomiable no solo de los políticos que diseñamos el camino a seguir sino sobre todo los funcionarios y empleados que se encargan de ejecutar esas directrices previas. Incluso un organismo tan poco sospecho de parcial como Transparencia Internacional avala, completamente, el grado de aperturismo que desde Riba-roja hemos emprendido en el contexto de una especie de “puertas y ventanas abiertas” a todos los ciudadanos.
Al fin y al cabo, la transparencia municipal no es solo un síntoma de madurez y participación ciudadana, sino también una razón más para que la sociedad desarrolle inputs de compromiso con la gestión de una administración pública, de forma que se pueda formar una simbiosis perfecta entre los cargos públicos y los ciudadanos.
Los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana somos conscientes de que este camino es el único que nos puede conducir a abrir definitivamente las puertas de los consistorios a todos nuestros vecinos.