La Justicia no es un cachondeo

Juan Pedro Serrano, secretario general del PSPV-PSOE de la Pobla de Vallbona

“La gente dirá que la justicia es un cachondeo, y yo tengo que darles la razón”. Así respondió Pedro Pacheco, alcalde de Jerez en 1985, a la decisión judicial de suspender el derribo del chalé de Bertín Osborne, que había decretado el Ayuntamiento que presidía. 36 años después de aquel comentario, que no solo cuestionaba una decisión judicial concreta, sino que ponía en duda la respetabilidad y solvencia de la Justicia, sospecho que una mayoría social podría apoyar hoy las palabras del exalcalde. Si así fuera, es decir, si el desprestigio, deterioro de imagen y pérdida de confianza de la ciudadanía en su Poder Judicial fuera mayoritario, nos encontraríamos ante un problema de extraordinaria magnitud, que pondría en riesgo la esencia misma del sistema democrático que con tanto esfuerzo intentamos consolidar. No hay democracia sin justicia, de la misma manera que resulta imposible una justicia no democrática, ya que, como señala nuestra Constitución, emana del pueblo.

Los motivos por los que parece haberse llegado a un nivel de desafección tan importante con respecto a la Administración de Justicia son diversos, y no siempre achacables en exclusiva a su propio funcionamiento; aunque mucho tienen que ver, sin duda, la tradicional lentitud que se le atribuye, o la dificultad para entender, explicar y asimilar socialmente muchas de las sentencias que firman algunos jueces y magistrados. Cómo interpretar, por ejemplo, la dureza con la que se condenan determinados delitos de opinión, o de desorden público y, por contra, la benevolencia con la que se juzga a tantos delincuentes de guante blanco y mercenarios políticos y empresariales que ensucian y degradan nuestra democracia hasta límites insoportables. Cómo no sospechar de la independencia que los mismos jueces y magistrados reclaman, fundamental en un estado de derecho, después de conocer sentencias que parecen dictadas con una clara orientación e intención ideológica, favoreciendo, casi siempre, a presuntos delincuentes de la misma posición política.

Sin embargo, ahora que se cumplen casi tres años con el Consejo General del Poder Judicial caducado, sin que parezca que el Partido Popular de Pablo Casado esté dispuesto a llegar a un acuerdo para su renovación, y sin que el señor Lesmes, su presidente, tenga la valentía de hacer lo que debería hacer para acabar con un bloqueo inaceptable, parece evidente que el peligro mayor para la credibilidad y necesaria confianza de la ciudadanía en su Justicia proviene del intento permanente de politización, secuestro y apropiación que la derecha realiza de la misma.

La Justicia no es un cachondeo. Así lo creo, y pienso que esta es también la opinión mayoritaria entre la población, por mucho que escándalos puntuales y decisiones judiciales concretas puedan favorecer una percepción diferente. En todo caso, la convierten en un cachondeo quienes la instrumentalizan, utilizan para sus propios intereses espurios y banalizan; falsos defensores de la Constitución que, en realidad, no creen en ella, ni jamás han creído o creerán.