Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria
Este verano hemos asistido a una de las decisiones más controvertidas y lacerantes del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Llevaba tiempo blandiendo su decisión y, al final, la ha ejecutado: aprobar el asfaltado de la mayor carretera que cruza el Amazonas. De los cerca de 900 kilómetros de los que consta la vía, existen asfaltados el tramo inicial y el final, alrededor de 400 kilómetros y, ahora, se licitará el tramo central, los 500 restantes. Este golpe al ecosistema natural ha pasado desapercibido mientras buena parte de la opinión pública estaba enfrascada, precisamente, en analizar y discernir los efectos del cambio climático a raíz de las altas temperaturas que se han vivido este verano.
La decisión de Brasil camina en el sentido contrario de lo que se debería exigir a un mandatario de un país tan importante de América del Sur. En lugar de preservar un ecosistema natural del tamaño de la Unión Europea que es clave en la captura del dióxido de carbono, Bolsonaro apuesta por algunos negocios unidos a la selva amazónica: tala ilegal de madera, cría de ganado o los cultivos de soja en la zona. Esgrime un desarrollo de las gentes que viven en la zona pero que, a medio y largo plazo, supondrá un coste enorme sobre el entorno. Nuevamente, la dicotomía entre desarrollo y entorno se vuelve a poner sobre la mesa.
De momento, los expertos hablan de la desaparición de más de 11.000 kilómetros cuadrados de árboles en el último año sobre una extensión global que supera los 7 millones. Una acción populista amenaza a una de las grandes joyas del planeta.
Los dirigentes, los políticos y las personas que nos ocupamos de gestionar los recursos públicos debemos combinar, con el mayor de los aciertos, el progreso y los avances económicos con la protección del medio ambiente, clave para afrontar los retos del presente y del futuro. Hay que aprovechar los recursos que tenemos en nuestro medio ambiente, pero, al mismo tiempo, debemos saber que no son ilimitados y, por ello, debemos utilizarlos con altas dosis de “trellat”.
En este sentido, en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria hemos aprobado y puesto en marcha ya la primera ordenanza municipal reguladora de la compensación de la huella de carbono, pionera en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Con esta nueva normativa pretendemos que cualquier empresa de nuestro municipio o del cualquier otro lugar de la geografía pueda invertir en el registro local que se creará próximamente y donde estarán incluidos los proyectos enfocados a reducir los gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, de absorción de dióxido de carbono. A partir de ahora, no hará falta que una empresa tenga que cruzar el Atlántico para invertir en la reducción de la huella de carbono.
De forma fácil y sencilla, podrá hacerlo sin salir de casa. Así ayudaremos a la preservación de nuestro medio ambiente sin coartar para nada el desarrollo económico de la sociedad.
Cada vez más, los empresarios, las pymes y los autónomos han interiorizado una mayor conciencia para seguir este camino, el de la defensa de nuestro entorno porque sólo así podremos garantizar el futuro de la humanidad que cada día está más amenazado por la acción de las personas.
Para llevar a cabo esta iniciativa contamos, además, con la iniciativa privada, clave para que la ordenanza de reducción de la huella de carbono sea un éxito. Todos los agentes sociales y económicos son muy importantes para que poco a poco podamos ir reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y absorbiendo las ya existentes. A los empresarios les vamos a explicar bien los beneficios de esta ordenanza. Han sido meses duros y largos por parte del personal técnico del ayuntamiento para elaborar y redactar un texto muy completo y exigente en el que hemos querido ser muy ecuánimes y justos con todas las partes implicadas para que sólo así podamos garantizar el desarrollo de esta ordenanza. Los meses de calor que hemos soportado este verano han sido una buena llamada de atención para que nos tomemos en serio el porvenir del planeta.