Confrontación política en el último pleno consistorial, entre el PP y la Coalició Compromís

El último pleno del año en Casinos, celebradoel pasado 28 de diciembre, se convirtió en una confrontación entre el partido que gobierna el municipio (el PP, con mayoría absoluta) y la Coalició Compromís. En el pleno se debatió sobre las tasas municipales y sobre una sentencia que obliga al consistorio a pagar 91.864 euros.

José García

Dicha sentencia se refiere a una denuncia presentada por la empresa a la que se contrató en noviembre de 2007 para que acometiera unas obras para dotar al estadio de fútbol de sus correspondientes vestuarios. La propuesta efectuada por el arquitecto municipal fue aprobada, en aquel momento, por los tres partidos con representación en el consistorio casinense. PP, PSOE y Unió Valenciana.

Los vestuarios acabaron de ejecutarse el 2 de junio de 2008 y el acta de recepción de las obras tuvo lugar el 7 de julio de ese mismo año. El Ayuntamiento de Casinos empezó a pagar los vestuarios a la empresa el día 16 de noviembre de 2010, y see acabaron de pagar el 22 de febrero del año 2011.

Las obras tuvieron un coste de 322.000 euros, a los que hubo de añadirse otros 51.000 euros. El consistorio tenía previsto hacer frente a dicho pago a través de una subasta pública de 1.057 metros cuadrados, pertenecientes al antiguo campo de fútbol parroquial. Sin embargo, ese objetivo no se ha podido cumplir porque la venta de los terrenos no se ha efectuado.

La empresa que ejecutó las citadas obras, según fuentes consistoriales, no reclamó en su día el pago de las certificaciones. Sin embargo, luego modificó su postura y sí reclamó el pago de los intereses correspondiente al tiempo de demora que transcurrió entre el final de las obras y el pago de dicha actuación. Esta cifra, 91.864 euros,  es la que ahora deberá abonar el consistorio casinense a la citada mercantil, tras la sentencia judicial.

Desde Coalició Compromís se  critica el coste de esta actuación, el hecho de no haber pagado en su día el dinero a la empresa que ejecutó las obras y no haber tenido una alternativa económica para afrontar dichos pagos, más allá de ingresar dinero por una venta de terrenos. También critican que se hayan tenido que solicitar créditos a bancos para hacer frente a estos pagos.

Desde el equipo de gobierno se responde a estas acusaciones diciendo que si se hubiera recurrido a un crédito bancario para pagar antes el coste de los vestuarios, “los intereses que nos hubiera reclamado el banco, por concedernos ese crédito, hubieran sido los mismos que ahora se nos reclaman en la sentencia”.

Del mismo modo, se dice que el coste que debe pagarse equivale a un 10% de los ingresos ordinarios del Ayuntamieto, “siendo una cifra asumible; además, los vecinos pueden disfrutar de unos servicios que nopodrían tener, si no hubiera este tipo de endeudamientos”. También manifestaron los dirigentes locales que en 2013 no se subirá el IBI y que de los 710.000 euros solicitados al ICO, ya se han amortizado 157.000.