CC.OO. ha emitido un comunicado en el que manifiesta su oposición al modelo de gestión del gobierno autonómico, cuyas últimas actuaciones van a suponer la supresión de 1.800 plazas residenciales y pueden suponer la desaparición de 900 empleos relacionados con la atención de personas dependientes.
José García
La no renovación del concierto para las plazas de accesibilidad social (en virtud de la aplicación de la Ley de Dependencia y de la Ley de Servicios Sociales) que incumbe a unas 1.800 personas ingresadas en plazas de residencias para mayores, va a afectar a entre 800 y 900 puestos de trabajo de atención directa, en su mayoría ocupados por mujeres, que son los que garantizan una atención de calidad a los usuarios.
Según los datos de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO., con estos recortes también se van a ver afectadas un número importante de mujeres que podrían verse obligadas a dejar sus puestos de trabajo para cuidar a sus familiares por no tener una plaza residencial. A estas personas se suman las 2.000 personas que ya tienen reconocido el grado y nivel y que están en espera de adjudicación de una plaza.
El sindicato denuncia que esta situación es muy grave dado el contexto económico y social del País Valenciano, “con uno de los índices de paro más altos, con un nivel de pensión inferior a la media estatal y a la cola del Estado en cuanto a grado de aplicación de la Ley de Dependencia”.
Aún siendo conscientes de que los recursos son limitados, CC.OO. ha manifestado que “las personas, las prestaciones sociales y el empleo deben ser una prioridad indiscutible”, por lo que este sindicato “se opone a cualquier medida que vaya en detrimento de los derechos subjetivos y también a aquella que suponga la desaparición de puestos de trabajo”.