Denuncian que funcionarios públicos de la Sanidad derivan sus pacientes a clínicas privadas con el respaldo de las autoridades

El secretario de Políticas de Bienestar Social y Sanidad de los Socialistas Valencianos, José Ramón Mayans, ha acusado al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, de “vulnerar la Ley de contratos del Estado al permitir que un funcionario público reciba en su clínica privada pacientes derivados del sector público”.

José García

Mayans ha realizado estas declaraciones tras conocer que la Conselleria de Sanidad ha permitido la adjudicación de uno de los planes de choque generados por la propia Conselleria, que posibilita la derivación de pacientes del sector público al privado: en concreto, a la clínica particular del actual jefe de Oftalmología de La Fe, “un funcionario público”, ha matizado. “Es evidente que ésta es una forma de pagar los favores que el conseller tiene pendientes con sus amiguitos”, ha subrayado.

Para Mayans, este tipo de actuaciones son un claro ejemplo de las “continuas irregularidades” que desde la Conselleria de Sanidad se están realizando en relación a la adjudicación de los planes de choque generados por la Generalitat Valenciana para descongestionar las listas de espera. “Esto es el colmo de la irregularidad. Que el Consell permita y favorezca la deriva de enfermos del sector público a la clínica privada de un jefe de servicio de la sanidad privada es inconcebible”, ha manifestado.

Así mismo, Mayans ha anunciado que el Grupo Socialista en Les Corts exigirá a la Conselleria y a su responsable, el conseller Manuel Cervera, que haga públicos “todos los detalles de esta adjudicación, así como los pormenores del contrato que regula esta derivación de enfermos de la sanidad pública a la privada”.

Para finalizar, Mayans se ha preguntado “cómo es posible que un funcionario a tiempo completo, como es el jefe de Oftalmología de La Fe y que también es catedrático e imparte clases en la Universitat de València, pueda compatibilizar este trabajo con la atención en su clínica privada”. Algo que, según ha apuntado, “para la mayoría de ciudadanos está considerado como una incompatibilidad”.