El PPCV califica como “informe falso” un documento que considera probada la financiación ilegal de los populares a través de ‘Orange Market SL’

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha emitido un comunicado para responder a un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Dirección General de Policía, en cuyas conclusiones se establece que el PPCV cometió diversos delitos fiscales.

José García

Según el PPCV, la financiación de dicho partido “es absolutamente legal y ha sido convenientemente fiscalizada por los órganos competentes”. “Sería la primera vez que, sin disponer de la contabilidad de un partido, se puede resolver que ésta es irregular”, añaden esas mismas fuentes.

En el comunicado se manifiesta que “el PPCV no se da por aludido” ante lo que se califica como “un informe falso, parcial, tergiversado y antiguo” que, según el Partido Popular, “sólo busca influir en la decisión de los jueces que deliberan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que, en este momento, debe responder a un recurso de apelación que ha presentado el PP”.

Pese a que el PPCV manifiesta no dar credibilidad a dicho informe, al que definen como “una actuación a la que ya nos tiene acostumbrados el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba”, los representantes populares ya han anunciado medidas “contra quienes se hagan eco del mismo sin dejar claro que se trata de una nueva manipulación política”.

Qué dice el informe
Dado que el tema, bajo el punto de vista de InfoTuria, resulta relevante informativamente para sus lectores, este periódico ha efectuado un resumen de las principales conclusiones que se establecen en dicho informe.

En las conclusiones del informe en cuestión se expone que “a tenor de la documentación analizada, no existe una explicación lógica al motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios ubicadas en la Comunidad Valenciana (‘Grupo Sedesa’, ‘Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SA’ y ‘Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SL’), que resultan adjudicatarias de numerosos contratos en dicha Comunidad, efectúen el pago de distintas facturas a la mercantil ‘Orange Market SL’, cuyo importe íntegro pasa a descontar la deuda existente entre esta sociedad y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política” que, según dicho informe “se repite de forma sistemática a lo largo del tiempo”.

El citado informe señala que las conversaciones telefónicas analizadas “ponen de manifiesto las dificultades contables de liquidez en las que se encuentra la sociedad ‘Orange Market SL’, al cierre del ejercicio 2008, debido a la elevada deuda que tiene contraída la formación política Partido Popular de la Comunidad Valenciana y su Grupo Parlamentario en Las Cortes”, así como el papel de David Francisco Serra Cervera y Ricardo Costa Climent “para conseguir fondos que disminuyan la deuda contraída”. El método empleado para obtener estos fondos es doble: o “aportaciones monetarias de empresarios que se justifican mediante facturas ficticias o con aportaciones de dinero en ‘B’, sin justificación de ningún tipo”.

Siempre según dicho informe, “la sociedad ‘Orange Market SL’ recibe del Partido popular de la Comunidad Valenciana, sin justificación contractual de ningún tipo, entre el 4 de febrero de 2008 y el 12 de septiembre de 2008, 405.450 euros” que se emplearon para “disminuir la deuda existente con ‘Orange Market SL’, pago de gastos de carácter particular, nóminas, regalos, compras de vehículos, etc.”.

De distintas empresas del Grupo Sedesa, “se abonan facturas a ‘Orange Market SL’, entre julio y diciembre de 2008, por un importe total de 150.800 euros (IVA incluido), cuyo importe íntegro pasa a minorar la deuda existente entre ‘Orange Market SL’ y el partido Popular de la Comunidad Valenciana, así como su grupo parlamentario en Las Cortes Valencianas”. El informe añade “por lo que cabe establecerse que dichas facturas tienen carácter ficticio”.

Por parte de la empresa ‘Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL’ se dice otro tanto: “abonó, en julio de 2008, una factura por importe de 58.000 euros (IVA incluido)”, que se destinó a lo mismo que las del ‘Grupo Sedesa’ y también se añade que se le atribuye “un carácter ficticio”.

La empresa ‘Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras SL’ “abonó facturas, entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, por importe de 232.232 euros (IVA incluido)”, dándosele idéntica utilidad a ese dinero y teniendo igualmente las facturas “carácter ficticio”, como contraprestación a “supuestos trabajos” con un contenido “suficientemente amplio y vago” para que pudieran “acomodarse a las necesidades tanto de ‘Orange Market SL’ como a la empresa pagadora”.

El informe concluye que se “ha ideado un sistema que crea un artificio con el fin de producir una mutación de la verdad” y que “las alteraciones de los documentos se realizan con el fin de acreditar o probar una real prestación de un servicio que supuestamente responde a un acuerdo de colaboración empresarial que da cobertura a los mismos. Con la elaboración de facturas faltas se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es, con lo que se consigue crear un documento de naturaleza mercantil que presenta una apariencia de veracidad por su estructura y forma de confección”. Y remata: “Todo ello, con el fin de causar un perjuicio”.

“Con esta práctica, ‘Orange Market SL’ imputa como gastos en su contabilidad costes que no obedecen a la actividad que esta empresa desarrolla, alterando la cuenta de explotación y, por ende, la cifra de negocios que sirve como base de cálculo del impuesto sobre Sociedades, ocasionando un perjuicio para la Hacienda Pública”, continúa el informe. “A su vez, ‘Orange Market SL’ lleva contabilidades distintas (…) que disfrazan la situación real de la empresa. Además, se anotan operaciones ficticias, no reales, que no están soportadas en una prestación de servicios sino que enmascaran otras operaciones”.

El informe cita la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, y señala que en ella “se prohíben expresamente las donaciones  directas o indirectas de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas u Organismo Públicos”.

El informe concluye que, como se observa en las conversaciones telefónicas sometidas a investigación, “existe una participación activa de Ricardo Costa Climent y David Serra Cervera para conseguir que empresarios como Enrique Ortiz Selfa financien parte de la deuda del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con ‘Orange Market SL’, mediante el pago enmascarado de servicios prestados a la formación política en el artificio del acuerdo de colaboración empresarial”.