El pasado 11 de abril, el secretario general del PPCV remitió un recurso ante la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana (JECV) contra cuatro televisiones, con el trasfondo de diversas informaciones en las que aparecían los términos ‘imputados’ y ‘corrupción’. Ahora, el propio PPCV ha retirado dicho recurso, aunque la oposición ha mantenido el nivel de las críticas.
José García
Las televisiones contra las que se había redactado el recurso son RTVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta y a todas ellas se las que se acusaba no respetaban la pluralidad y la proporcionalidad exigibles en campaña electoral en sus informaciones referidas a los ‘imputados’ y ‘corrupción’ en casos de corrupción que afectan al PP y forman parte de las listas electorales de dicho partido.
Según constaba en la reclamación popular, “el uso de los conceptos ‘imputado’ y ‘corrupción’ pueden considerarse extrajurídicos y, por ello, ajenos al principio de neutralidad informativa que exige la LOREG respecto a las informaciones de los medios de comunicación de titularidad pública y privada durante el proceso electoral.
Ahora, Antonio Clemente ha asegurado que el PPCV ha retirado las reclamaciones presentadas el pasado 11 de abril ante la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, “porque para los populares el derecho de información y prensa está por encima de cualquier consideración”.
Clemente ha apuntado que dichas reclamaciones plantearon una cuestión “estrictamente jurídica, pero han sido interpretadas como una limitación al derecho de información y de prensa, reconocidos en la Constitución, y que para el PPCV son incuestionables porque en torno a ellos gira todo el sistema democrático”.
Por ello, el secretario general de los populares valencianos ha rechazado “cualquier interpretación que pudiera conducir a sembrar dudas sobre el valor esencial que dichos derechos tienen para esta formación” y, con el objetivo de evitarlas, el PPCV ha retirado las reclamaciones.
Críticas desde la oposición
Los partidos de la oposición no han aceptado estas explicaciones y califican la actuación del PPCV como “antidemocrática”. Desde EUPV, su candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Marga Sanz, ha calificado como “vergonzosa” la actuación del PP autonómico, “ya que ha osado presentar un recurso contra las televisiones que han informado de las personas imputadas en diversos cargos y que forman parte de las listas del PP”.
Para Sanz, “la antidemocracia y la censura se han convertido en la seña de identidad del PP valenciano, que ha emprendido acciones propias del senador McCarthy”. “Camps y su partido olvidan que los periodistas cumplen con su función: contar la verdad para garantizar el derecho a la información”.
Además, la representante de EUPV ha destacado que “el PP valenciano está muy mal acostumbrado y cree que puede ampliar al resto de televisiones el uso propagandístico y manipulador que define a Canal 9”. “Ha sido el PP estatal el que ha intervenido para obligar al PP valenciano a retirar el recurso”, ha concluido Sanz.
Del mismo modo, la candidata de la ‘Coalició Compromís’ a la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se ha referido a este asunto en términos igualmente muy críticos. Para Oltra, “lo que está pidiendo el Partido Popular es instaurar una censura que atenta contra el derecho a la libertad de expresión recogido al artículo 20 de la Constitución”.
“De lo que debería haberse preocupado el PP es de que en sus listas electorales no se incluyera a implicados en casos de corrupción, en lugar de preocuparse ahora de cuartar la libertad de expresión”, ha añadido la representante de ‘Coalició Compromís’.
Según esta representante política, “esos medios de comunicación a los que alude el PP como que les están perjudicando informando sobre sus casos de corrupción solo están ejerciendo su derecho a la información. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer a quién votan, cuáles están implicados en casos de corrupción y cuáles no… y si no es a través de los medios de comunicación, no tienen otra manera de saberlo”.
“Esta vulneración del derecho a la libertad de expresión que quiere instaurar el Partido Popular es más propia de dictaduras que de democracias como la nuestra. Quieren tapar la realidad en lugar de cambiarla: era más fácil quitar a los implicados por corrupción de las listas que censurar todas las palabras del diccionario que expresan que numerosos miembros de su partido están involucrados en causas judiciales por gestionar los recursos públicos de manera irregular”, ha concluido Oltra.