El diputado socialista en el Congreso de los Diputados, Carlos González, ha asegurado que “el gobierno del PPCV en la Generalitat Valenciana tiene el dudoso honor de ser el primero en la historia que renuncia a constituir las plazas que le han sido asignadas desde el Ministerio de Justicia, demostrando que la justicia no es una prioridad para el señor Camps”.
José García
González ha explicado que “en función del Real Decreto aprobado a finales de 2010, el Ministerio de Justicia había aprobado la constitución de 15 nuevas unidades judiciales para la Comunitat Valenciana, pero, en una decisión inédita, el gobierno de la Generalitat Valenciana ha decidido dejarlas sin efecto”. Entre ellos se encuentra el juzgado nº 7 de Llíria.
El diputado socialista ha concretado que se trata de seis Juzgados de Primera Instancia, en las localidades de Alicante, Benidorm, Dénia, Elx, Torrevieja y Gandia; siete Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, previstos para Novelda, la Vila Joiosa, Nules, Carlet, Llíria, Massamagrell y Quart de Poblet; un Juzgado de lo Penal en Orihuela y otro de lo Social en Benidorm.
González ha criticado que “estas ciudades, importantes y relevantes en el conjunto de la Comunitat Valenciana, se van a quedar ahora sin estos juzgados única y exclusivamente por culpa del gobierno de la Generalitat, ya que estaban adjudicados y constituidos”.
El representante socialista ha expresado que “esto demuestra no sólo que la justicia no es una prioridad para el gobierno de Camps, sino que además acredita que la situación económica en la que el PP ha sumido a la Generalitat Valenciana es más grave de lo que pueda parecer, ya que afecta sustancialmente a servicios básicos como la administración de justicia”.
“Mientras que desde la Comunitat Valenciana se critica al Gobierno de España por la falta de plazas, los responsables del Consell ahora piden anular todas las que le fueron concedidas, en tanto dicen no tener dinero para hacer frente al coste que suponen”, ha denunciado González, al mismo tiempo que ha indicado que “la Generalitat Valenciana podría haber pedido aplazar su puesta en funcionamiento, pero no dejarlas sin efecto”.