El anuncio efectuado ayer por el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, respecto a las medidas que pretende adoptar este dirigente político para ahorrar 65.000 millones de euros en los dos próximos años ya han motivado una catarata de reacciones.
José García
Entre las medidas anunciadas por Rajoy está la subida del IVA (el tipo general pasa del 18% al 21%, y el IVA reducido pasa del 8% al 10%), reducciones en la aplicación de la Ley de Dependencia, la eliminación de las bonificaciones para incentivar la compra de viviendas, supresión de algunas bonificaciones a la contratación, rebaja de un 10% en la percepción por desempleo a partir del sexto mes como parado, la eliminación del 30% de los concejales por tramos de población, la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionaros (que, en la práctica, supone perder el 7% de su sueldo) y una supresión de un 20% en las subvenciones estatales a partidos políticos, sindicatos y colectivos empresariales.
El PPCV ve “necesarios” estos ajustes
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha asegurado hoy que las medidas de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy son “valientes y necesarias” para salir de una crisis económica “a la que nos ha abocado el PSOE, con su ineficaz gestión”.
Cree Castellano que “los ajustes son duros pero necesarios porque la situación así lo exige y de no hacerlo sería irresponsable” y añade que “es fundamental un cambio de modelo en las administraciones para adaptarse a la realidad que vivimos en estos momentos, más austeras, más eficientes y eficaces”.
Entre las propuestas efectuadas por el gobierno de España no está la supresión de las Diputaciones, pero el PPCV sí se muestra favorable a modificar la situación de algunos Ayuntamientos: “Los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden y sin la financiación necesaria; los cambios servirán para mejorar el control sobre las cuentas públicas y reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales en la prestación de esos servicios”.
Serafín Castellano no ha comentado la subida del IVA anunciada por el gobierno ni la supresión de algunas bonificaciones a la contratación, pero ha señalado que “el compromiso del Gobierno del PP es hacer de España un país competitivo, alcanzar la estabilidad presupuestaria y conseguir mayor flexibilidad que permita crecer y crear puestos de trabajo”.
Duras críticas de la oposición
La síndica de EUPV y coordinadora de esta formación, Marga Sanz, ha afirmado que las medidas anunciadas por el gobierno de Rajoy “que son un ataque directo a pensionistas, parados y trabajadores públicos, los cuales verán mermados sus derechos de manera gigantesca”.
La dirigente de izquierdas considera que estas medidas “suponen una pérdida más de soberanía del Estado español, el cual ya se ha convertido en una colonia de los mercados financieros, del Banco Central Europeo y de las instituciones europeas”.
Según Sanz, nuestra autonomía “que de facto ya estaba intervenida, sufrirá con estas medidas y recortes una nueva segunda intervención que provocará una situación explosiva de paro, empobrecimiento, depresión económica y falta de democracia” por lo que ha reclamado “la celebración de un referéndum y una respuesta masiva en la calle contra estas medidas”.
Para el representante de ‘Coalició Compromís’ en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, “los brutales recortes anunciados por Rajoy son un paso más en la escalada de mentiras que definen el modo de gobernar del PP nacional, con continuos ataques contra el estado del bienestar y descargar contra los más débiles las consecuencias de la crisis”.
“Con un paro del 25% y la economía nacional en recesión, el gobierno del PP tiene la osadía de subir el IVA, recortar salarios, despedir a empleados públicos, reducir ayudas a la aplicación de la Ley de Dependencia, endurecer la situación de las personas desempleadas; y, lo peor de todo es que tienen la desfachatez de decirnos que todo eso lo hacen para favorecer la creación de empleo”, ha añadido este representante político.
Sindicatos
Desde la Mesa General de la Función Pública Valenciana (UGT, CCOO, CSI-F, FSES e INTERSINDICAL VALENCIANA) se asegura que el gobierno de España “vuelve a la carga contra los empleados públicos, después de criminalizarlos” y se añade que “con la escusa de la crisis, se pretende vulnerar la ley de un modo totalitario: sustituyendo la negociación colectiva por la imposición autoritaria”.