La concejala de Igualdad, Isabel Montaner, fue la encargada de dar lectura al manifiesto
Distintas organizaciones de mujeres, apoyadas por entidades ciudadanas y políticas, han convocado movilizaciones en ayuntamientos de toda España, exigiendo al Gobierno de Rajoy que aumente en los Presupuestos Generales la asignación destinada al Pacto de Estado contra la violencia machista.
Para reclamarlo, ayer 19 de junio, la misma semana en la que llegarán los Presupuestos Generales al Congreso de los Diputados, se convocaron protestas en los ayuntamientos desde las 10 de la mañana hasta la medianoche.
En los ayuntamientos se organizaron a lo largo de toda la jornada diversas acciones de protesta, de información a la ciudadanía, talleres, y la lectura de una moción que se presentará en los plenos municipales.
En el caso de l’Eliana, la concejala de Igualdad, Isabel Montaner, fue la encargada de dar lectura al manifiesto acompañada por el alcalde de la localidad, Salva Torrent, y por los concejales del equipo de Gobierno Marta Andrés, Kike Martínez, Eva Santafé y Pere Inglés, además de funcionarios y trabajadores del consistorio.
A la moción presentada por el equipo de gobierno -PSOE y Compromís- también se sumaron EU y Ciudadanos, mientras que el PP, de momento, “se lo está pensando”.
En el proyecto de Presupuestos del Estado, las actuaciones para la prevención de la violencia de género ascienden, tras la presión de los colectivos feministas, a 31,7 millones de euros, un 25,7% más que en 2016 pero un 2,20% inferior a 2010.
También se denuncia una congelación, en 19.741.840 euros, del Programa 232B Igualdad entre mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 2010.
Los 51,4 millones de euros que suman ambos son el 0,00011% de los gastos del Proyecto de Presupuestos del Estado. “Es necesario destinar más recursos a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación o a atender la violencia sexual como prevé el Convenio de Estambul desde 2014”, aseguran desde las organizaciones convocantes. También se reclama una mejora de la respuesta judicial y que se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las entidades locales, tal y como establece la Ley de igualdad.
Las entidades que dan apoyo a la movilización manifiestan que la violencia machista es una cuestión de Estado, que afecta a la mitad de la población y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres. “Si no se apuesta económicamente por ese Pacto de Estado, nacerá muerto”, concluyen.