El PSOE de La Pobla acusa al gobierno local de “vender patrimonio para pagar deudas”

El PSPV-PSOE de La Pobla de Vallbona ha denunciado que la reciente venta de la parcela municipal de 1.250 metros cuadrados por la que el consistorio ha obtenido 850.000 se ha efectuado para pagar una deuda de 500.000 euros con la empresa que está efectuado la construcción de la Piscina Cubierta.

José García

Según el comunicado efectuado por los socialistas de La Pobla, el pago de estos 500.000 euros “se debería haber saldado a principios del pasado verano, pero la delicada situación económica que atraviesan las arcas municipales (con más de 12 millones de euros de deuda), obligó a retrasar el pago”.

Ahora, tras efectuarse dicho abono de los 500.000 euros a la empresa concesionaria de las obras de la piscina cubierta, “el Ayuntamiento poblano se evitará que la citada mercantil pueda emprender acciones judiciales”, según señalan las mismas fuentes.

Además, los socialistas poblanos aseguran que el coste del complejo deportivo municipal, que incluye la construcción de dos piscinas, una sala de musculación, un gimnasio y una cafetería, “se dispara hasta los 19,4 millones de euros, que serán financiados mediante transferencias anuales”. El primero de los pagos, en el año 2009, se fijó en 100.000 euros mientras que el próximo año se deberán abonar otros 630.000 euros a la citada empresa de acuerdo al contrato suscrito entre ambas partes y cuya vigencia se ha fijado en 27 años de concesión.

El portavoz del PSPV, Jaume Cortina, ha acusado a la alcaldesa, la popular Mari Carmen Contelles,  de malvender el patrimonio municipal “por culpa del despilfarro, el descontrol y la ineptitud de un equipo de gobierno, que ha duplicado la deuda en esta legislatura, se ha dedicado a aumentar los impuestos y las tasas y se ha sumergido en una espiral de proyectos faraónicos cuyo coste ha hundido las maltrechas arcas municipales”.

El grupo socialista recuerda que la deuda pública del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, por habitante, se ha disparado de los 320 euros de 2006 a los más de 600 de la actualidad y acusa a los actuales dirigentes locales de “no adoptar  ningún tipo de medida de contención del gasto”.