El pleno extraordinario por los partidos de la oposición de La Pobla de Vallbona (PSOE, ‘Coalició Compromís’, EUPV y CUPO), convocado para debatir sobre la modificación catastral que afectará a los vecinos a partid de 2012 y celebrado ayer, se vio envuelto en cierta polémica al ordenarse el desalojo de dos vecinos que pretendían grabar en vídeo toda esta reunión de las fuerzas políticas.
José García
Además de los representantes de las distintas formaciones políticas que componen el consistorio poblano, asistieron al citado pleno varios vecinos del municipio. Dos de ellos pretendían grabarlo, pero fueron desalojados por la Policía Local, que se personó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento poblano a petición de la primera edil, la popular Mari Carmen Contelles.
Justifica dicha actuación Contelles en que los citados individuos carecían de la pertinente acreditación: “Los Plenos son públicos, pero los medios de comunicación deben acreditarse con antelación en el Ayuntamiento. Tras hacer las consultas pertinentes y constatar que no tenían dichas acreditaciones, hemos invitado a estos vecinos a que abandonasen el salón”, ha explicado al respecto la alcaldesa.
Desde la oposición, el socialista Jaume Cortina ha calificado la decisión tomada por la primera edil poblana como “autoritaria”: “Ha impedido el ejercicio constitucional de los vecinos de poder asistir a un acto público y grabarlo”, ha manifestado Cortina.
Tanto el portavoz del PSOE poblano como los ciudadanos que pretendían grabar el Pleno quisieron ampararse en dos sentencias que acreditaban su derecho a poder asistir al Pleno y poder grabarlo: la primera fue la decisión fallada el 2 de enero de 2003, por parte de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; y la segunda, la resultante de un recurso que se impuso contra dicha sentencia, en la sala 3ª del Tribunal Supremo, y contra el que se falló en contra en una sentencia del 11 de mayo de 2007.
Pleno sin acuerdos
En cuanto al Plano Extraordinario, en sí mismo, la pretensión de las formaciones que lo solicitaban era que se atendiera alguna de las tres propuestas presentadas. Todas ellas fueron rechazadas por el equipo de gobierno actual, del PP. De hecho, los dirigentes locales califican las distintas propuestas como “inviables y carentes de sentido práctico”.
En la primera, se reclamaba desde la oposición “la posibilidad de sumarse a la petición formada desde el gobierno local para que se suspenda la aplicación catastral, así como proceder a revisarla a la baja, en caso de que ésta se acabe realizando”. También se pretendía “adquirir un compromiso, por parte del Pleno, para actuar por todas las vías legales, ya sen administrativas o judiciales, para lograr que esta revisión a la baja pudiera llevarse a cabo”.
A este respecto, el equipo de gobierno votó en contra “porque la solicitud para que se paralizase la revisión catastral y revisarla a la baja ya la había efectuado previamente el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona y la junta de gobierno local representa a todos los vecinos de La Pobla y, por supuesto, a todos los vecinos; por tanto, la adhesión en este momento no tiene ninguna consecuencia adicional a las que ya se han producido y es totalmente inocua, al margen que innecesaria”.
En la segunda propuesta efectuada desde la oposición, se solicitaba al equipo de gobierno que el Pleno “acordara la modificación de las Ordenanzas municipales, para modificar los tipos de gravamen para los bienes de naturaleza urbana y rustica, del 0,57% y 0,62% respectivamente, a las que correspondan para mantener las cuotas líquidas del año 2011, pudiéndose establecer 0,4% en IBI urbana y 0,3% en IBI rustica”.
También a esto se opuso la actual corporación municipal, aludiendo que actuar en ese sentido supondría “actuar contra la normativa concreta del catastro (artículo 27), que indica que cuando ya se ha comunicado el tipo de gravamen por escrito, como es el caso, éste no se puede cambiar durante el primer año de aplicación”. Consideran los dirigentes locales que presentar esta propuesta demuestra “un desconocimiento total de la normativa y una nula preparación del pleno que solicitan”.
La tercera propuesta de la oposición reclamaba una reunión entre portavoces de los distintos grupos políticos locales y los técnicos municipales “para realizar un estudio pormenorizado del PGOU y adecuarlo a la situación real del momento, en línea con el Mercado Inmobiliario”.
Tampoco obtuvo esta propuesta un voto favorable por parte del PP local, argumentándose en esta ocasión que “el equipo de gobierno está totalmente en contra a disminuir las expectativas de los terrenos de nuestros vecinos ya que es hacer que pierdan valor. Al margen de que una descalificación implicaría indemnizar a todos aquellos que compraron con expectativas un tipo de suelo y que el Ayuntamiento a través de su Plan General modifica. La propuesta es disparatada en su definición. Sería absurdo empezar a pasar terrenos urbanizables a rústicos”.
Consideran desde la oposición que no cabe negarse a una reunión en la que también podrían participar los vecinos afectados por el PGOU existente, con el objeto de conocer las distintas posiciones y en la que cabría la posibilidad de aportar una solución conjunta.