Las quejas vecinales de la urbanización Els Aljubs llegan al Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges ha abierto diligencias tras haber recibido las quejas de unos vecinos de la urbanización Els Aljubs de la Pobla de Vallbona, que denuncian unos costes adicionales de hasta un 80% respecto de las previsiones iniciales, en relación a los precios que una promotora les ha obligado a pagar por la urbanización de sus viviendas.

Los vecinos dels Aljubs de la Pobla denuncian que las obras de urbanización han costado, finalmente, 900.000 euros en lugar de los 500.000 euros previstos en un principio, es decir, un coste adicional del 80% al que ahora tienen que hacer frente en una situación de crisis económica. Los propietarios de los chalés tendrán que desembolsar entre 30.000 y 40.000 euros en un plazo máximo de dos años.

Uno de los afectados ha manifestado que, pese a que actualmente cobra una pensión de 378 euros mensuales, deberá hacer frente al pago de casi 2.400 euros al mes para satisfacer las obras de la urbanización al promotor. Ante tal situación han reclamado al Ayuntamiento la mediación de la administración municipal ante lo que consideran unos pagos desmedidos a la empresa promotora.

Deficiencias e irregularidades
Los vecinos han criticado algunas de las actuaciones incluidas en las obras de urbanización, como la construcción de un carril bici junto a las salidas de los garajes a las viviendas, carencias en el reparto del correo o la ausencia de contenedores y papeleras en la zona.  

El PSPV de La Pobla ha aprovechado estas quejas para recordar que esta urbanización ha estado envuelta en la polémica, “ya que en un principio uno de los promotores de la obra era el hijo del ex alcalde Vicente Alba”. Además, señalan las fuentes socialistas, “esa empresa construyó, en 2003, un total de 13 viviendas pese a que la licencia de obras autorizaba únicamente 7 chalés”.

Esto supone, insisten los socialistas, “que se construyeron 6 viviendas sin ningún tipo de permiso y, además, 5 de las legales tampoco guardaban la distancia legal de 3 metros respecto de la carretera de acceso, según obligaba el plan general de 1995 vigente en aquel momento”. El PSPV ha denunciado, además, que el proyecto inicial recogía la habilitación de una vía de servicio interior que aumentaría la seguridad vial y que, finalmente, no se ha realizado.