OIV solicita una campaña para evitar la proliferación de vehículos abandonados en las calles de La Pobla de Vallbona

La Organización Independiente Valenciana (OIV) de la Pobla de Vallbona ha denunciado la proliferación de abandono de vehículos en las calles del casco urbano y en diversas urbanizaciones del término municipal que se está produciendo en los últimos tiempos.

El portavoz municipal de OIV, José Ramón García Ferrer, ha denunciado que cada vez es más habitual “contemplar el abandono de vehículos y automóviles en diversas calles del casco urbano, con total impunidad por los infractores” ya que “al parecer, éstos consideran que se trata de la opción más cómoda quitarse una carga burocrática y administrativa que en ocasiones puede resultar un poco compleja”.

Para esta formación resulta indignante “la inoperancia y la incapacidad del Ayuntamiento que preside la alcaldesa Mari Carmen Contelles para frenar este aumento de abandonos de vehículos” y reclaman una campaña de información y sensibilización entre los conductores de La Pobla para que las calles del casco urbano “no se conviertan en un gran desguace de coches y todo tipo de vehículos” que acaban generando “molestias a los vecinos” y suelen fomentar la proliferación de “hurtos y gamberradas”.

Policía Local
Infoturia se ha puesto en contacto con miembros de la Policía Local de La Pobla de Vallbona, para conocer el procedimiento rutinario para retirar los vehículos abandonados en la vía pública. Según hemos podido saber, las actuaciones policiales están delimitadas por los protocolos correspondientes y es obligado seguir los plazos establecidos, paso a paso.

El primer paso consiste en comprobar que, efectivamente, el vehículo está abandonado, y para ello es necesario comprobar que está sufriendo un proceso de deterioro; es entonces cuando se coloca un adhesivo en el vehículo, en el que se puede leer el texto “Vehículo abandonado en vía pública”. A partir de ese momento, el propietario dispone de 15 días para retirar el vehículo; también se le ofrece la oportunidad de cederle al Ayuntamiento la gestión de dicho vehículo como “residuo sólido urbano”. Para ello debe presentarse en las dependencias policiales dentro del plazo permitido y cumplimentar los trámites necesarios.

Si no sigue ninguna de estas dos actuaciones, se inicia la tramitación del correspondiente expediente: así, los agentes contactan con la Dirección General de Tráfico (DGT) para obtener los datos del propietario; cuando se tiene conocimiento de su identidad se le envía un correo en que se le notifica la situación en la que se encuentra su vehículo; si esta notificación no obtiene respuesta se procede a enviársele una segunda notificación.

Si ésta tampoco recibe una contestación, se publica en el Boletín Oficial de la provincia, para que ejerza como “notificación válida”. Finalmente, se contacta con el Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) que se va a encargar de la eliminación de dicho vehículo.

Según explican fuentes de la Policía Local poblana, este procedimiento puede demorarse un máximo de seis meses, aunque en ocasiones estos plazos se acortan: “Pero, en cualquier caso, el hecho de que el vehículo no se retire de la vía no significa que los agentes que se encargan de este menester estén dejando de cumplir sus obligaciones”, manifiestan. “Hay que entender que se trata de una propiedad privada y no puede actuarse sin los necesarios permisos de su dueño”.

La Policía Local, por otro lado, admite de que los trámites administrativos para dar de baja a un vehículo pueden resultar “complicados de ejecutar” para un vecino no habituado a este tipo de gestiones burocráticas. Es por ello que el propio cuerpo puede encargarse de efectuarlas, siempre que el dueño del vehículo presente los permisos que den libertad de acción a los agentes, para que éstos puedan proceder según se estipula la ley. “Nosotros nos encargamos de tramitar la baja, si el dueño así nos lo hace constar, a través de los documentos necesarios. Pero abandonar su vehículo en la calle, esperando que otros se encarguen de su retirada, no es una opción válida ni cívica”, concluyen.