Cuenta atrás para garantizar una vivienda a las 31 familias de la Pobla de Vallbona tras aplazarse los desahucios

El conseller baraja la compra de las viviendas o alquileres sociales

Las 31 familias de la Pobla de Vallbona que iban a ser desahuciadas hoy respiran algo más tranquilas sabiendo que no ser verán en la calle a las puertas de la Navidad.

A pesar del amplio dispositivo de seguridad desde primera hora de la mañana, con numerosa presencia de agentes de la Policía Local en los accesos y de la Guardia Civil, que impedían el paso a los dos bloques de viviendas situadas en las calles Sant Sebastià y Argila, la jornada ha discurrido sin incidentes.

Incluso no han faltado los aplausos en el encuentro a pie de calle que han mantenido un grupo de inquilinos con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y el alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García.

El juez les ha concedido un margen de dos meses para continuar en sus actuales viviendas, en algunas de las cuales residen desde hace cinco años. La próxima fecha marcada en rojo en el calendario es el 8 de febrero.

Un plazo que los responsables políticos han asegurado que es suficiente para encontrar una solución definitiva para los 94 vecinos, entre ellas 25 menores, afectados por los desahucios. En este sentido, el conseller no ha descartado la compra, por vía de emergencia, de las viviendas “para garantizar una alternativa habitacional a estas familias”.

El titular de Vivienda ha subrayado que el caso de los desalojos de las viviendas de la Pobla “es la amenaza más importante que hemos tenido en los últimos años” para valorar que “si las instituciones valencianas no hubieran actuado con serenidad, ahora tendrían una situación enormemente compleja”.

Entre las opciones que maneja Generalitat y Ayuntamiento para que estos vecinos de la Pobla pueda permanecer en sus casas está la negociación con los fondos de inversión, propietario de las viviendas, a través de alquileres sociales ya que las familias en ningún momento se han negado a pagar cualquier tipo de alquiler o bien la compra directa de las viviendas por parte de la Generalitat para que formen parte del parque público y acordar un alquiler social con las familias.

Dalmau ha resaltado el trabajo de calle realizado por la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH), que ha denunciado estas situaciones y ha acompañado a las familias afectadas en su periplo por los juzgados, las instituciones y las sedes de los bancos.

El portavoz de la PAH, José Luis González, ha explicado que de las 38 viviendas afectadas, algunas estaban desocupadas y tapiadas, otras fueron abandonadas, otras familias han aceptado dinero para irse y finalmente quedan 21 familias.

Los dos bloques de viviendas, ha explicado, eran propiedad de una entidad bancaria -BBVA- que los vendió a un fondo de inversión.

Por su parte, el alcalde de la Pobla, que ha estado rodeado de todo el equipo de Gobierno, ha asegurado que lo más importante de la jornada de hoy es que “hemos ganado un tiempo” en los juzgados para que las instituciones negocien con los actuales propietarios de las viviendas. “Nuestra intención es ir a un alquiler social”, ha manifestado el primer edil de Compromís, o en caso de no alcanzarse un acuerdo ir a la compra.

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