La Generalitat firma un convenio con la Pobla de Vallbona para la gestión de las viviendas cuyas familias iban a ser desahuciadas

La Conselleria ha invertido 1,7 millones de euros en la compra de los inmuebles

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y el alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, han firmado un convenio de cesión de la gestión de las viviendas que la Generalitat ha adquirido con el fin de que 29 familias de este municipio no tuvieran que abandonar sus hogares, ya que iban a ser desahuciadas.

A finales de noviembre se conoció que más de 30 familias de la Pobla de Vallbona iban a ser desahuciadas el 8 de diciembre de 2020 e, inmediatamente, los equipos jurídicos de la Conselleria y del Ayuntamiento consiguieron “en un tiempo récord, mediante escritos dirigidos al juzgado, aplazar los desahucios al 8 de febrero de 2021 mientas se buscaba una solución”, ha explicado Dalmau.

Durante ese tiempo, se estudió el caso concreto de cada familia y se negoció con la empresa Divarian la compra de las viviendas por parte de la Conselleria. “Fueron semanas muy intensas pero, gracias a una actuación decidida y al esfuerzo de todos, estas familias ya pueden estar tranquilas en sus hogares”, ha asegurado Martínez Dalmau.

Tras el procedimiento administrativo para la compra y escrituración de las viviendas, el vicepresidente segundo ha mostrado su satisfacción porque “con esta adquisición ampliamos el parque público de la Generalitat que se destina a las personas que verdaderamente lo necesitan”.

El siguiente paso es la firma de este convenio por el que se cede la gestión de estos inmuebles al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, que decidirá qué familias acceden al alquiler social, cuántas se destinan a emergencias, etc. Con ello, este municipio del Camp del Túria, en el que no había vivienda pública, ha pasado a ser uno de los que más tienen en la comarca.

Martínez Dalmau ha destacado la importancia que tiene la implicación de las entidades locales en la gestión de la vivienda pública. En ese sentido, ha felicitado al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y a la sociedad civil, liderada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por todo el trabajo realizado. En la firma del convenio también ha estado presente la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris.

Por su parte, el alcalde de la Pobla de Vallbona ha asegurado que el trabajo desempeñado en los últimos meses es un “gran ejemplo de colaboración entre administraciones que tienen claras las políticas de vivienda” y que las ejercen “con plenas garantías y ofreciendo viviendas de calidad”.

Después de la reunión, el vicepresidente, acompañado por el alcalde y la directora general de Emergencia Habitacional, han visitado los edificios de las viviendas adquiridas y Martínez Dalmau ha comunicado a los vecinos y vecinas que todo el procedimiento está completo y que oficialmente “ya son inquilinos del parque público de la Generalitat”. El vecindario ha mostrado su satisfacción y su “tranquilidad porque finalmente han podido quedarse en sus casas”.

Condiciones del convenio

El convenio establece las condiciones para la cesión de uso de las viviendas adquiridas por la Generalitat. Según el mismo, los inmuebles se destinarán a vivienda social, permitiendo el acceso a personas y unidades familiares en situación de emergencia social, cuando no dispongan de una solución habitacional digna y adecuada ni de renta o patrimonio que lo permita.

Los inmuebles se incorporarán al registro de oferta de inmuebles para vivienda social, para poder destinarlas a alquiler social, de conformidad con el Reglamento de Oferta y Demanda de vivienda del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona.

La Conselleria asistirá al Consistorio en la resolución de consultas relativas al procedimiento de adjudicación de beneficiarios del alquiler social o emergencia habitacional. Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a disponer de los medios personales, materiales y económicos para llevar a cabo la gestión de los inmuebles y asumir los gastos de mantenimiento de las viviendas.

Se creará una comisión mixta de seguimiento y control, integrada por una persona representante de cada una de las administraciones públicas que suscriben el convenio y el secretario del Ayuntamiento.

Desalojo suspendido

La aplicación de los mecanismos que prevé la legislación hizo posible que finalmente el pasado 8 de diciembre se suspendiera el desalojo de estas viviendas. Los informes de vulnerabilidad de los servicios sociales municipales demostraron que estas familias no disponían de otra alternativa residencial. De esta manera, se abría un breve periodo de tiempo para buscar soluciones con la intención de que las familias afectadas permanecieran en sus casas.

De inmediato, la Secretaria Autonómica de Vivienda y Función Social, a través de la Dirección General de Emergencia Habitacional, con César Jiménez y Pura Peris como titulares, respectivamente, iniciaron la negociación con el fondo de inversión propietario de las viviendas.

El acuerdo alcanzado con Divarian supuso la adquisición de 28 viviendas en los edificios donde residen las familias que iban a ser desahuciadas, en las calles San Sebastià número 108 y Argila número 99, lo que permite resolver la totalidad de los casos y, además, atender otras necesidades estructurales de vivienda en el municipio. Junto a ellas, la Conselleria también adquirió en el municipio otra vivienda al BBVA. Por tanto, la inversión total para adquirir estas 29 viviendas fue de unos 1,7 millones de euros. Además, a finales de 2020, se compraron otras tres viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Una comisión mixta formada por representantes de la Conselleria, el Consistorio, la PAH y los propios vecinos y vecinas ha sido la encargada de hacer un seguimiento de todo el procedimiento.