La oposición pide adaptar el precio del IBI de los terrenos urbanizables sin ejecutar

Los cuatro grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona -PSPV, Compromís, CUPO y EU- han solicitado al equipo de Gobierno del PP que adapte el precio del IBI que se cobra a los terrenos urbanizables que todavía no se han desarrollado.

P.G.

Los partidos de la oposición han presentado hoy por registro de entrada una moción conjunta en la que reclaman al Gobierno municipal una adaptación del precio del IBI que se cobra a los terrenos urbanizables sin desarrollar tras la sentencia del Tribunal Supremo después de que el PP se negase en el último pleno ordinario a debatir esta cuestión por la vía de la urgencia.

De esta forma, el texto de la moción firmada por todos los grupos de la oposición se tendrá que discutir en la próxima sesión plenaria del consistorio.

El PSPV, Compromís, CUPO y EU consideran que el fallo del Supremo avala la tesis del escrito presentado sobre aquellos terrenos declarados como urbanizables pero que en la práctica no dejan de ser rústicos, ya que la crisis económica y el parón inmobiliario no atisba ningún síntoma de que se puedan desarrollar a medio plazo.

La oposición recuerda que el Plan General de 2005 reordena el término municipal y declara urbanizables 7 millones de metros cuadrados cuyos propietarios, en muchos casos, están pagando como urbanos “terrenos rústicos que sólo son urbanizables sobre unos papeles municipales que todavía no se han concretado en planes detallados de actuación a corto plazo”.

De hecho, añaden desde la oposición, “la mayoría de los expertos hablan de décadas para que se reactive el sector, sin olvidar que muchos propietarios sufren otros problemas como el paro o los recortes. Por ello la situación puede llegar a ser desesperante para estas personas y el ayuntamiento tiene la obligación de corregir esta situación”.

Los cuatro partidos de la oposición subrayan que valorar “tributariamente” un inmueble por encima del precio del mercado “va en contra del principio jurídico y tributario de capacidad económica, las valoraciones catastrales desproporcionadas sólo sirven para pagar cantidades de impuestos confiscatorios; los propietarios pagan un impuesto por servicios que no recibe”.

A la vista de la situación, la oposición de la Pobla de Vallbona al completo reclama al pleno un mandato al equipo de Gobierno para que identifique “con exactitud” la cantidad de parcelas que se hallan en esta situación, insta a los servicios jurídicos y a la intervención que estudie las consecuencias “jurídicas y económicas” para el ayuntamiento derivadas de la sentencia del Supremo.

Por último, se solicita a la Gerencia del Catastro que aplique el coeficiente reductor máximo que correspondería a las parcelas urbanas que no se han desarrollado.