La mayoría de los vecinos de la Urbanización Edeta, en contra de la ‘gestión indirecta’

La mayoría de los vecinos y propietarios de la urbanización Edeta, situada en Llíria, ha optado por oponerse a la gestión indirecta que había acordado el gobierno local, si se tiene en cuenta el número de firmas que se han obtenido a favor de que sea el Ayuntamiento quien urbanice por fases.

José García

Los vecinos de la Urbanización Edeta no quieren que el PAI sea llevado a cabo de forma indirecta: prefieren que lo haga el Ayuntamiento, por fases. Al menos, se han ido recogiendo firmas y una mayoría de ellas han expresado su disconformidad hacia la ‘gestión indirecta’. El problema es que, en julio, en un Pleno Extraordinario del consistorio se optó por la primera opción.

Según el portavoz de ‘Iniciativa’, Paco García, una de las causas de esta reacción vecinal se fundamenta en la actuación del equipo de gobierno de Llíria, que “no ha facilitado toda la información” sobre este asunto. García considera que los vecinos se han movilizado contra lo aprobado en el Pleno para enfrentarse a una situación injusta y contraria a la ley: “Se trata de una zona semi-consolidada, en donde ya se han llevado acabo la ejecución de servicios como el agua, la luz y el teléfono”.

Paco García añade que “el PP quiere hacer pagar dos veces unos servicios ya existentes. Además, este modelo de gestión puede suponer el desembolso de cuotas de más de 1.500 euros mensuales, unas cifras que pocas economías familiares pueden afrontar hoy en día”. El portavoz de los ecosocialistas edetanos ha mostrado el respaldo de su formación a la propuesta de los vecinos: “Vamos a trasladar la propuesta vecinal a un Pleno”, ha asegurado.

Según el concejal de ‘Iniciativa’, “a los vecinos se les dijo que las ofertas presentadas por varias empresas eran ‘precios cerrados’, que las obras iban a tener financiación y que los materiales elegidos tendrían en cuenta las peticiones vecinales. Hay cosas que no se contemplaban en las Bases particulares y todo iba a suponer un encarecimiento de hasta un 40% en el precio de la adjudicación”.