Personal de justicia y sindicatos reclaman la apertura del Juzgado nº 7 de Llíria

La situación de la Justicia en la Comunidad Valenciana está generando un gran malestar entre los funcionarios y los sindicatos, que amenazan con movilizaciones si no se atienden sus reclamaciones. Éstas han comenzado hoy en Castellón y no se descarta que suceda otro tanto en Llíria.

José García

En la actualidad hay 6 juzgados en la capital del camp de Túria que, según explican desde el sindicato CSI·F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), “atienden un área de 42 municipios, desde l’Eliana hasta el Rincón de Ademuz, incluyendo municipios con un elevado índice de asuntos, como La Pobla de Vallbona o Benaguasil”.

Según el CSI·F, la actual situación de crisis económica ha hecho que la acumulación de expedientes haya aumentado, “ya que la mayoría de los asuntos está relacionado con ejecuciones hipotecarias, deudas o desaucios”. Desde este sindicato se explica que los juzgados de Llíria tramitaban 5.718 expedientes anuales en 2005, frente a los 10.210 que ya se han contabilizado en 2010. “Todo ello, con la misma plantilla de 7 empleados públicos asignados por juzgado”.

El problema, como siempre, es de recursos económicos. La Conselleria de Justicia reclamó al Ministerio la entrada en funcionamiento de 22 nuevos juzgados para nuestra autonomía, antes de que se cumpliera el 30 de diciembre, cosa que aceptó el Ministerio. Pero la falta de presupuesto llevó a la Conselleria a plantear la posibilidad de que el personal tuviera que duplicar turnos, en vez de incorporar nuevos empleados, lo que desató las críticas de los sindicatos. “Después de tanto reclamar nuevos juzgados, resultó que la conselleria no tenía dinero para pagar a los nuevos funcionarios que hacía falta integrar”, explica el representante de CC.OO., Enrique Campayo.

Ante éstas, el gobierno autonómico pidió el retraso en la apertura de estos nuevos juzgados: 7 de los 22 deberían comenzar su actividad el 30 de diciembre de 2010 y, los otros 15, el 30 de junio de 2011. Entre los primeros figuraba el nº 7 de Llíria. El problema está en que la Generalitat ha prometido el personal necesario para este nuevo juzgado de Llíria, pero ya se ha publicado en el BOE (el pasado viernes, 26 de abril) la conformidad del Ministerio de Justicia a retrasar la puesta en funcionamiento de los 15 nuevos juzgados (incluyendo en estos el de Llíria).

CSI·F y CC.OO. coinciden a la hora de señalar que, si el juzgado nº7 de Llíria cuenta con el nuevo personal asignado por la Conselleria de Justicia, el ministerios debe permitir su apertura.

Otras carencias
Desde CC.OO. se hace hincapié en las graves carencias que están soportando los funcionarios de justicia en toda la Comunidad Valenciana, hecho que afecta a su rendimiento laboral: “Cuando hay ordenadores que tardan una hora en arrancar o que se bloquean de forma aleatoria; cuando existen carencias de material de oficina (papel, boligrafos, Cds, etc.); cuando se tiene que alojar a los funcionarios en plantas bajas del municipio, por falta de espacio en los juzgados y un largo etcétera, no puede extrañarse nadie de que los funcionarios de justicia se sientan abandonados por las autoridades”, señala Enrique Campayo.

Esta situación se debe a la deuda que mantiene el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana con muchos de sus proveedores, que en muchos casos alcanza los dos años. “Como no les pagan las facturas, dejan de abastecer a los juzgados. Existen muchísimas carencias, falta de todo y cada vez hay más casos que atender y siempre es el mismo personal para atender esos casos, que siempre van en aumento”, concluye Campayo.