Presentan un recurso administrativo en el que piden que se declare nulo el concurso
El Partido Popular de Llíria ha presentado un recurso administrativo en el Ayuntamiento contra la licitación de las obras del futuro centro de recepción de menores en El Prat aprobada por la Junta de Gobierno con los votos del PSPV y Llíria Puede.
Los populares solicitan en el escrito formalizado hoy por registro de entrada que se declare nula la licitación por falta de crédito e incumplimiento del convenio entre el consistorio edetano y la Diputació de València.
La portavoz del grupo municipal popular, Reme Mazzolari, ha recordado que el acuerdo suscrito en 2017 para la financiación de las obras recoge 910.478,50 euros, una cifra muy inferior a los 1.755.517,15 euros euros del proyecto redactado, “un desfase que el PP ya advertía tras los informes sobre el estado del edificio, por lo que la diferencia será a coste del Ayuntamiento de Llíria”.
Respecto a la licitación de las obras en dos fases, de similar importe y actuaciones, la portavoz de la oposición ha denunciado que se trata de un “fraccionamiento del objeto del contrato para construir por fases lo que es un único proyecto” porque el consistorio “no tiene más dinero”.
En este sentido, recuerda que la Ley de Contratos dice que los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. En el caso del centro de menores “no existen dos proyectos independientes relativos a cada una de las presuntas fases, ni tampoco aquellas fases que misteriosamente aparecen definidas en el apartado ‘Presupuesto’ de proyecto, son susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio”, ha remarcado.
Según el relato de los populares, el proyecto técnico de ejecución del 8 de agosto de 2018 para la habilitación del edificio establece un presupuesto total de las obras de 1.755.517,15 euros. “Una vez acreditada la imposibilidad de dividir la obra por fases, sobreviene la falta de crédito presupuestario para proceder a la licitación de las obras, que determina el proyecto de ejecución para habilitar el edificio y permitir su uso tanto parcial como total”, ha indicado Mazzolari, quien ha insistido en declarar “la nulidad del procedimiento de licitación de las obras porque no hay recursos económicos suficientes para ejecutar el proyecto completo”.
La portavoz popular ha advertido que “no cabe la atribución a un ayuntamiento de una competencia propia de la Diputación” y ha añadido que “la delegación de esta competencia es únicamente la construcción de tal infraestructura, y no la gestión, por lo que se ha efectuado en fraude de ley, y al margen de los principios rectores de nuestro ordenamiento”.
Mazzolari ha alertado, por último, de que se pretende realizar “la obra se realice para instalar un servicio de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sin que esta haya aprobado el proyecto” y sin, al menos, contar con un informe favorable al proyecto de ejecución que se licita, emitido por los servicios técnicos de la conselleria.
Una vez iniciado el proceso por la vía administrativa, los populares contemplan acudir a los juzgados por la vía del contencioso administrativa y no descartan ir al juzgado de lo penal para impedir la instalación del centro de menores. “No descartamos ninguna acción judicial” ha avanzado la dirigente popular, que ha lamentado que “somos el único partido que estamos pelando por esto, mientras los demás están callados”.