El Ayuntamiento asume las obras con un coste de 94.381 euros
El Ayuntamiento de Llíria ha iniciado los derribos de los inmuebles en ruina dentro de la unidad de ejecución (UE-14) del fallido PAI que contemplaba la construcción de bloques de viviendas en la calle València desde la entrada por Benissanó por motivos de seguridad y salubridad.
Los trabajos, que tienen un coste de 94.381 euros para las arcas municipales, contemplan el desmontaje de las placas de fibrocemento con amianto, el derribo de todos los edificios ruinosos, en gran parte antiguas naves comerciales y almacenes, y el desvío de la línea eléctrica.
El alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha justificado que el consistorio asume esta actuación “por responsabilidad” y “en defensa de los intereses tanto municipales como de los propietarios de suelo en ese PAI”.
El PAI se inició hace más de una década pero se ha quedado sin resolver ya que las dos empresas adjudicatarias quebraron. El Ayuntamiento encargó una liquidación externa que concluyó que hubo un exceso de cuotas urbanísticas de casi 800.000 euros por obra no ejecutada. A raíz de esos informes, el consistorio suspendió en enero del 2018 con carácter cautelar el procedimiento de apremio por cuotas impagadas a los propietarios, “hasta que queden resueltas todas las cuestiones y dudas tanto técnicas como jurídicas que se desprenden de la auditoría”, según el alcalde.
El Ayuntamiento, ha añadido Civera, dará traslado del resultado de la auditoría para “depurar las presuntas irregularidades de las que nos advierte el estudio encargado y pedir las responsabilidades que hubiera”.
El alcalde del PSPV ha apuntado como responsable de la situación al anterior gobierno del PP: “Dado que no es éste el único caso que vamos conociendo en detalle de las consecuencias de la gestión urbanística desarrollada por el anterior equipo de Gobierno, continuaremos auditando todas y cada una de las unidades de ejecución que apuntan a hechos similares”, ha añadido.
La portavoz popular, Reme Mazzolari, sin embargo, ha apuntado como responsable del problema a la actual concejala socialista de Urbanismo, Consuelo Morató, quien redactó “con errores” el proyecto. “El problema de estos edificios viene porque está mal el proyecto de urbanización del PAI que fue redactado por la concejala Urbanismo”.
En cuanto al derribo de las edificaciones con dinero del presupuesto municipal “que pagamos todos los llirianos”, Mazzolari ha advertido que es de “dudosa legalidad” porque “corresponde pagarlo a los propietarios y más cuando al Ayuntamiento no se ha otorgado la condición de agente urbanizador como es el caso”.