Una nota remitida a los medios de comunicación por parte de Francisco García, portavoz de la formación Iniciativa per Llíria, en la que acusa al Ayuntamiento de Llíria de contratar a gente sobre la que pesa una condena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) sin cumplir los requisitos exigidos por la ley ha motivado la respuesta del consistorio edetano, liderado por el alcalde popular Manuel Izquierdo.
Francisco García, portavoz de Iniciativa per Llíria, aseguraba hace unos días que en la actualidad son tres las personas que están prestando TBC sin que exista un convenio entre Instituciones Penitenciarias y el propio ayuntamiento edetano, “a diferencia de otros 520 municipios que sí han alcanzado acuerdos para crear 3.600 puestos de trabajo”.
Además de esta actuación irregular, García censuraba que actuaciones como ésta “eliminan puestos de trabajo” que antes eran acometidos por empleados municipales y manifestaba su disconformidad hacia la contratación de personal sin haber aprobado de forma pública estas ofertas de trabajo.
Respuesta del consistorio edetano
En su escrito de respuesta, el alcalde de Llíria asegura que las plazas a las que se refiere García “nunca han existido en el Ayuntamiento” y añade que se ha contratado a esas personas “con la intención de beneficiar a la sociedad y facilitar la reinserción de vecinos de Llíria”.
Además, Manuel Izquierdo hace saber que los servicios jurídicos municipales “no ha estimado necesario la firma de un convenio con Instituciones Penitenciarias para mantener esta línea de colaboración, y así fue informado el propio Francisco García por el departamento”.
Por último, Izquierdo ha desmentido que el Ayuntamiento de Llíria “haya suprimido puestos de trabajo para colocar a personas condenadas que deben realizar Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC)”.