En el pleno ordinario celebrado ayer en la capital edetana se aprobó la polémica ordenanza sobre tratamiento y vertido de aguas residuales, rodeado de un tenso ambiente entre la formación de gobierno, oposición y vecinos de las urbanizaciones.
Pau Tineo
El Ayuntamiento de Llíria desestimó las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza sobre el tratamiento y vertido de aguas residuales que regula los vertidos procedentes de usos no residenciales en sectores industriales o comerciales, y el control de tratamientos de depuración en zonas sin red de alcantarillado, con un control de los vaciados, la exigencia a las empresas de un plan de autocontrol, y el establecimiento de un régimen sancionador.
La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Reme Mazzolari ha explicado que Llíria “participa, junto a otras tres poblaciones de la comarca, en una depuradora mancomunada gestionada por la EPSAR. La llegada de vertidos incontrolados a esta estación ha supuesto ya multas que ascienden a 2,4 millones de euros, de los que a nuestro municipio les corresponde el 40%”. “Lo que nos permite la nueva ordenanza es tener la herramienta administrativa para sancionar a quien realmente contamina”, ha manifestado.
Mazzolari ha querido aclarar que la ordenanza “ni pretende castigar a los vecinos ni obliga a los chalés a instalar depuradoras individuales, pues esta exigencia la recoge el Plan General de Ordenación Urbana elaborado por el gobierno de coalición PSOE, Compromís y EU en el año 2002”.
Por su parte, la concejala del PSPV Dora Catalá destacó “la importancia medioambiental y de salubridad que esta ordenanza tiene para todos los llirianos y llirianas y al mismo tiempo denunció la falta de información a los vecinos por parte del equipo de gobierno, así como la información sesgada, y a veces falsa, dada por los grupos de Compromís y MOVE a estos vecinos”.
Por ello, el grupo socialista propuso al plenario que la correcta aplicación de la ordenanza pasa por conceder una moratoria de tiempo de al menos dos años, dada la actual situación económica que sufre el país, para que estos vecinos puedan ir asumiendo la inversión que supone regularizar sus vertidos de aguas residuales. En este sentido se propuso “dejar la ordenanza sobre la mesa, para poder consensuar con los vecinos el tiempo de moratoria”.