Un juez condena al Ayuntamiento a readmitir al jefe de prensa y a pagarle 22.000 euros

El juzgado de lo social número 12 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Llíria a readmitir al jefe de prensa y protocolo al que despidió el 31 de julio de 2013 y le obliga a pagarle los 22.000 euros de los salarios que dejó de percibir. La sentencia considera que el alcalde, Manuel Izquierdo, vulneró derechos fundamentales del trabajador en su despido.

P.G.

Las diferencias entre el equipo de gobierno popular y el empleado se desencadenaron cuando el periodista solicitó al consistorio una regularización de su situación laboral en el Ayuntamiento al pasar de tener un contrato de prestación de servicios como autónomo -entre los años 2003 y 2013- a otro como contratado como personal laboral eventual en calidad de asesor.

El trabajador quería que se le reconociese en su nuevo contrato los ocho años anteriores en los que había permanecido como autónomo.    
    
El auto del juzgado de Valencia declara nulo el despido del periodista por una vulneración del principio de indemnidad al considerar que la petición del trabajador en modo alguno puede ser motivo de despido. “La garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio de acción judicial en orden a la satisfacción de sus derechos e intereses legítimos”, señala el magistrado.

La sentencia aclara que la parte demandante “ha aportado indicios suficientes de su constante reclamación respecto de la regularización de su relación laboral, tanto de forma verbal como, finalmente, por escrito”.

Advierte de que la verdadera razón del alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, para el despido “son las discrepancias por la pretensión del periodista de reclamar pagas extras y el temor a tener una sentencia condenatoria de relación laboral” .

La sentencia condenatoria concluye que el despido del trabajador municipal “es una respuesta inadecuada a las justas reivindicaciones del demandante”.  

El magistrado añade en el fallo judicial que el Ayuntamiento de Llíria “no ha podido justificar la existencia de una causa objetiva para desvirtuar la vulneración del principio de indemnidad”, ya que “ni el trabajo era específico al desempeñar tareas permanentes del ayuntamiento con retribuciones fijas ni se puede considerar que el contrato sea eventual de confianza, no sólo por la duración sino por ser una contratación realizada en fraude de ley por la previa contratación irregular del demandante”.

Por todo ello, el auto declara que el despido “no puede ser calificado de improcedente sino de nulo por vulneración del principio de indemnidad, con la readmisión obligatoria del demandante con la condición de personal laboral ordinario, indefinido no fijo a tiempo completo”.

Además, el juez obliga al consistorio edetano al pago de 52,5 euros por cada día transcurrido desde el despido, alrededor de 14 meses, es decir, unos 22.000 euros.   

El portavoz municipal del PSPV, José Luis Pérez, ha calificado la sentencia como un “varapalo en toda regla” al equipo de gobierno del PP “por vulnerar una vez más los derechos de los trabajadores que se une a las anteriores sentencias contrarias en contra de las políticas que en materia de personal ha llevado a cabo el alcalde y sus concejales a lo largo de los últimos años”.    

Pérez ha censurado “la alegría con que este gobierno administra los recursos municipales sin importarle los miles de euros que nos cuestan sus decisiones caprichosas como bien argumentan los magistrados en sus fallos judiciales, hasta el punto que el ayuntamiento debe readmitir a este trabajador para que realice la tarea que ya realizaba antes del despido”.

Los socialistas recuerdan que el PP “contrató a su vez a otra persona afín para que continuase con esos cometidos” y tras la sentencia “habrá que ver cómo administra ahora la tarea de ambos periodistas”.

Desde Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, ha señalado que esta nueva sentencia demuestra la forma “caciquil” de cómo gobiernan los populares, que “no amortizan puestos de trabajo de la plantilla municipal, directamente y sin ninguna justificación lógica, proceden a despedirlos. Hecho que después comporta sentencias cuantiosas para las arcas públicas”

El portavoz de Compromís recordó que hasta ahora, se han tenido que pagar más de 100.000  euros en otros dos despidos improcedentes de la anterior arquitecta municipal y una técnico del Servef.
 
La coalición ha pedido responsabilidades políticas, tanto al alcalde como al concejal de personal, así como su dimisión, “ante una situación grave que vuelve a costar miles de euros al consistorio por una negligente gestión en materia de personal. Desde el equipo de gobierno no se asumen, a pesar de tener más juicios pendientes en marcha”.

Asimismo, presentará una enmienda a la modificación de plantilla que se debatirá en el próximo pleno municipal para que se contemple la ejecución de esta nueva sentencia, ya que de lo contrario, hasta que no se hagan estos trámites, el consistorio tendrá que abonar el salario al trabajador aunque no esté en activo.