El juzgado sobresee la denuncia de MOVE contra la gestión urbanística

El juzgado de primera instancia número 6 de Llíria ha decretado el sobreseimento provisional de la denuncia presentada por la ex concejalade MOVE, Elena Jiménez, contra la gestión urbanística municipal. El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, y la concejal de Urbanismo, Reme Mazzolari, han respondido que se querellarán contra Jiménez.

La denuncia cuestionaba las obras de urbanización de San Gerardo, Monteblanco, Chelardo, Edeta, Safareig y Alt de la Botigueta, en la que la Policía Judicial concluye que “no se han detectado irregularidades en el ámbito penal que afecten a las actuaciones en estas urbanizaciones”.

Respecto al cobro del Canon de Saneamiento, la Guardia Civil concluye que “no se han detectado irregularidades en el ámbito penal en este sentido sobre la posible comisión de delitos contra la administración –exacciones ilegales- o contra el Medio Ambiente”.

En cuanto al PAI EU47-La Sima y el convenio suscrito con la empresa Graveras Castellana, se desprende del Auto que las actividades investigadas no son constitutivas de delito alguno de prevaricación, dado que tal y como indica la juez “la actuación del Ayuntamiento no ha sido omisiva ni puede calificarse de arbitraria”.

El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, calificó, tras hacer pública la notificación el pasado viernes, la gestión en materia urbanística de “impecable” y ha lamentado que MOVE “haga política en los juzgados ensuciando la imagen de Llíria con denuncias falsas”.

Izquierdo exigió a MOVE que pida perdón a los ciudadanos por “intentar manchar la imagen de nuestra ciudad con acusaciones dañinas y que nada tienen que ver con la realidad” y le instó a que “se retracte públicamente por sus denuncias mal intencionadas que tenían como fin un puñado de votos”.

El dirigente popular preguntó a MOVE “si va a devolver el dinero que está pidiendo a los vecinos sosteniendo argumentos contrarios a derecho tal y como ha quedado claro con el sobreseimiento de esta denuncia”.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Reme Mazzolari, expresó su  indignación por “la alarma social, la política sucia y el ‘difama que algo queda’ que practica MOVE, brazo político de Compromís, y cuya única aportación en esta legislatura han sido calumnias y mala prensa para Llíria”.

El alcalde y la concejala recordaron que “no es la primera vez que sufrimos este tipo de ataques execrables, como han ocurrido con otras querellas anteriores ya archivadas”.

Ambos han advertido que se reservan el derecho a ejercer las acciones legales correspondientes en el momento procedimental pertinente. Es decir que en el momento se tenga el sobreseimiento definitivo el Ayuntamiento de Llíria se querellará contra la ex concejala de MOVE, Elena Jiménez.

El PSPV pidió la dimisión del alcalde y de la concejala

Antes de conocerse el sobreseimiento de la denuncia del MOVE, el PSPV solicitó públicamente el pasado viernes la dimisión del alcalde y de la concejala de Urbanismo “a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil en las que acusa a ambos de varios presuntos delitos de prevaricación”.

El candidato socialista a la alcaldía de Llíria, Manuel Civera, aseguró en un comunicado que que “llueve sobre mojado” en los asuntos urbanísticos y acusó al equipo de Gobierno de “estar más pendiente de las luchas internas para decidir el cabeza de cartel para las próximas elecciones” tras conocerse que el actual alcalde, Manuel Izquierdo, no se presentará de nuevo.

En ese momento, antes de recibir la tarde del viernes la notificación del juzgado, Izquierdo y Mazzolari mantuvieron que no existía imputación por un presunto delito de prevaricación y mostraron su tranquilidad  porque siempre “hemos seguido los informes de los técnicos municipales”.