El PSPV de Llíria critica la actución del equipo de Gobierno que retiró el pago de la factura del orden del día del pleno
El PSPV de Llíria ha denunciado que un informe del interventor municipal del Ayuntamiento edetano ha frenado el pago de 15.246 euros de las arcas públicas al proyecto y la dirección técnica de las obras de rehabilitación de la fachada de la iglesia de la Assumpció que es de titularidad privada. El equipo de Gobierno municipal retiró el pago de la factura del orden del día del pleno celebrado la semana pasada.
Los socialistas han calificado de “demoledor” el informe del técnico municipal sobre el procedimiento “personalista” del alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, a la hora de comprometer al Ayuntamiento al pago de 15.246 euros para las obras de reforma de la fachada de la iglesia de la Assumpció.
El interventor considera que no existe crédito suficiente y apropiado en el presupuesto del Ayuntamiento para este proyecto y, por tanto, “es nulo de pleno derecho”, además de que no se ha aportado el correspondiente expediente administrativo y alerta de “las posibles responsabilidades a que haya lugar” derivadas de esta actuación.
El PSPV ha recordado que los hechos objeto del reparo del interventor se remontan al 2001 cuando el mismo arquitecto que ahora ha presentado la factura de 15.246 euros redactó el proyecto técnico de la fachada de la iglesia aunque, según precisa el informe, la licencia urbanística sólo habilitaba para las obras de “limpieza y aseguramiento de las zonas que presentaban un peligro puntual”, lejos de una intervención en la restauración y afección de la fachada.
Los técnicos municipales constatan “el valor histórico, artístico, patrimonial y cultural del inmueble” aunque advierten de que la iglesia “no es de propiedad municipal sino de un tercero, lo que descartaría la posibilidad de que el Ayuntamiento asumiera de forma directa cualquier gasto con cargo a su erario público, que es obligación de ser soportado por el titular del inmueble”, ya que ni se han realizado los preceptivos trámites legales ni existe el correspondiente expediente administrativo, añaden los socialistas.
Para salvar los posibles obstáculos legales, el alcalde presenta un escrito en el colegio de Arquitectos de Valencia para adquirir todas las obligaciones, compromisos y garantías que, previamente, tenía el titular del inmueble, la iglesia arciprestal “Nuestra Señora de la Asunción”, lo que en la práctica supone una subrogación, explica la oposición.
Otro escrito del alcalde desprende que el consistorio pasa a ser también el solicitante de la licencia de obras para llevar a cabo las obras de reforma integral de la fachada y, por tanto, subroga el coste de las obras valoradas en 200.000 euros en total.
Pese a ello, Manuel Izquierdo encarga otros dos informes técnicos, uno de actualización del proyecto redactado en 2001 valorado en 21.780 euros y otro de 8.712 sobre aspectos técnicos de ejecución de las obras,” aunque también sin seguir la normativa en materia de contratación pública ni en materia de haciendas locales ya que carecían de crédito para el presupuesto de 2014, según corroboran los mismos funcionarios”, según denuncia el PSPV.
El informe técnico apunta la fórmula que debería haber seguido el consistorio para afrontar el citado pago: la concesión de una subvención nominativa incluyéndola en el presupuesto vía modificación de competencia plenaria. Y, posteriormente, suscribiendo el convenio de colaboración como se había hecho en con las obras de rehabilitación del tejado del Monasterio de Sant Miquel.
El candidato del PSPV a la alcaldía de Llíria, Manuel Civera, ha reconocido que la iglesia de la Asunción “constituye un conjunto arquitectónico de gran importancia para todos los vecinos de Llíria como patrimonio local muy querido por todos y por ello es necesaria su restauración pero siguiendo la normativa legal prevista por la administración”.
Al respecto ha defendido que “ni el alcalde ni el resto del equipo de gobierno del PP se pueden saltar a la torera ese procedimiento; por este motivo, se debe rectificar a tiempo y seguir las indicaciones de los técnicos al respecto ya que parece mentira que después de 12 años de mandato desconozcan todavía cuáles son los parámetros correctos para tramitar este tipo de actos”.
Manuel Civera ha recordado “la obligación ética y legal de las administraciones públicas en su gestión diaria como máximas garantes de la convivencia en nuestros municipios y, por ello, deben ser las que constituyan un ejemplo para el resto de ciudadanos a la hora de cumplir el régimen jurídico establecido. No es concebible que haya políticos que piensan que un ayuntamiento es propiedad suya y pueden hacer lo que quieran”.