El juzgado que ha autorizado la moción de censura podría multar a Ciudadanos

Por “mala fe procesal” al recurrir en diferentes juzgados

El juzgado que ha autorizado la celebración del pleno que debe debatir la moción de censura presentada contra el alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro (Ciudadanos), tal y como adelantó ayer InfoTúria.com, podría multar a este partido por “mala fe procesal” por haber recurrido la iniciativa en diferentes juzgados.

En un auto fechado el 13 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas el pasado 3 de junio, por las que se suspendió el pleno previsto para el 7 de junio, a partir de un recurso presentado por Ciudadanos.

Asimismo, autoriza la celebración del citado pleno municipal, para el que todavía no hay fecha, y ordena abrir una pieza separada para la posible imposición de multas “por mala fe procesal” contra los ediles de Ciudadanos que recurrieron la moción de censura, a los que da cinco días para alegar.

El juzgado señala que los documentos aportados constatan que la medida de suspensión cautelar del pleno había sido solicitada en otros dos juzgados (el 5 y el 7), y estos la habían denegado.

El juzgado número 10 considera que existen indicios de “una conducta concertada entre los recurrentes -entre los que se encuentra el propio alcalde- en fraude de ley para eludir al juez predeterminado por ley y lograr la adopción de la medida”.

Por ello, ordena abrir una pieza separada para establecer la imposición de multas por una posible “mal fe procesal”, y da cinco días a los afectados para que presenten alegaciones.

La moción de censura fue registrada el pasado 24 de mayo por los tres exconcejales del PP y dos exediles del PSPV del Ayuntamiento de Loriguilla que se dieron de baja en sus respectivos partidos al firmar la moción- contra el alcalde, Sergio Alfaro, de Ciudadanos.

La suma de los cinco firmantes de la moción frente a los cuatro ediles que Ciudadanos permitiría desbancar a Cs de la alcaldía a falta de un año de elecciones, un periodo en el que la vara de mando sería seis meses para el exsocialista Carlos Rodado y seis meses para una exedil del PP.